El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella interpuesta por la Comisión Chilena de Derecho Humanos contra dos integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

La acción judicial presentada por el organismo defensor de los Derechos Humanos se derivó de la entrevista de la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Brahm al diario La Tercera en la que afirma que en dicho tribunal antes de su ingreso “había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”.

En la querella, presentada por el abogado Carlos Margotta Trincado, presidente la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se entrega el detalle de las causas en las que se vieron dilatadas los fallos o sentencias argumentando suspensiones de procedimiento o paralizando antojadizamente los procesos, argumento que aprovechaban las defensas de los autores de violaciones a los Derechos Humanos para dilatar las condenas.

La querella criminal fue interpuesta por los delitos de cohecho y prevaricación en contra de los miembros del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica Maldonado, José Ignacio Vásquez Márquez y en contra de todos quienes resulten responsables, sea en la calidad de autores, cómplices y/o encubridores de los delitos señalados en la querella, como igualmente investigar la participación de otros abogados en los ilícitos que son objeto de la presentación judicial.