El Grupo de Puebla, movimiento de líderes progresistas de 13 países de América Latina y el Caribe, además del expresidente del Gobierno de España, enviará un documento al G-20 con una serie de propuestas económicas tendientes a evitar una recesión global prolongada, o incluso una depresión de impredecibles proporciones, como consecuencia de la crisis mundial generada por la pandemia.

El texto -elaborado por el expresidente Ernesto Samper en conjunto con la exministra del Trabajo de Colombia, Clara López, ambos miembros fundadores del grupo internacional- propone que “el Fondo Monetario Internacional, FMI, respaldado por el Tesoro norteamericano y la Unión Europea, en coordinación con la banca privada y multilateral, estructure una moratoria temporal de la deuda pública (y privada) de los países de ingreso medio y emergentes como Colombia, México, Chile, Argentina y la India, y también de países desarrollado como España, Italia y Grecia”.

Agrega que “para los países de mayor vulnerabilidad, lo que se requiere y parece existir el consenso para hacerlo, es la condonación de la deuda externa como lo solicitado el Papa Francisco”.

El análisis recalca que dicha propuesta “solo tiene posibilidad de éxito si se obtiene el respaldo del G20 y de los organismos multilaterales”, aludiendo a la sesión del 14 de abril de la agrupación de países industrializados y emergentes, que acordó suspender hasta finales de 2020, los reembolsos de los préstamos oficiales bilaterales de los 76 países más pobres del mundo que reciben apoyo a través de la ventana concesional de la Asociación de Desarrollo Internacional (IDA por sigla en inglés) del Banco Mundial, más Angola.

“Aun cuando constituye un buen comienzo, es totalmente insuficiente”, afirma el Grupo de Puebla en el documento, enfatizando que lo anterior “solo cubre una mínima parte de las necesidades, pues el servicio de la deuda de los países más pobres asciende solamente US$14.000 millones cuando el servicio total de los países de América Latina y el Caribe llega a los US$ 262.000 millones y la de la totalidad de los países en desarrollo a US$814.000 millones”.

Beneficios de la propuesta

El movimiento de líderes progresistas explica que dicha moratoria “generaría una serie de beneficios en cascada”, detallando que “evitaría una crisis generalizada y desordenada de la deuda soberana que puede conjurarse si se establecen cuotas de gracia de capital e intereses por un periodo prudencial a todo país que lo solicite, con la excepción hecha de las grandes economías que no lo requieren”.

También afirma que la propuesta “no tendría porqué excluir a los beneficiarios del mercado de capitales que en la práctica ya está cerrado para el grueso de los países, al no responder a razones de manejo económico sino a un estado de necesidad o fuerza mayor reconocido por todos”.

“Adicionalmente contaría, de conseguirse, con el visto bueno del FMI y el Banco Mundial, y el G20 no tendría porqué cargar estigma alguno”, destaca.

Por último, asegura que “como en promedio, los países dedican alrededor del 20 % de sus presupuestos al servicio de la deuda externa, un promedio de entre 4 y 5 puntos del PIB, esos recursos quedarían disponibles para destinar a las exigencias de la salud pública y a conjurar los graves efectos sociales y económicos de la pandemia”, mencionando que debe darse “especial priorización al apoyo económico a las familias que viven al día en la informalidad que, en América Latina, según la CEPAL, son el 47 % de la fuerza laboral, y a las pequeñas y medianas empresas que constituyen cerca del 80 % del empleo”.

“Con esta importante fuente de recursos, muchos países se acercarían a un monto del 10 % del PIB, una referencia de lo que puede costar enfrentar esta primera etapa de la pandemia, si se toma como referencia el paquete inicial de los EE. UU., donde se ha destinado el 10.6% del PIB, una economía sin los niveles de vulnerabilidad social de los países de ingreso medio a los que se propone beneficiar”, concluye el documento, ejemplificando con el caso de Argentina que ya está en negociaciones formales con sus acreedores internacionales privados.

Actualmente el Grupo de Puebla está compuesto por 40 líderes y lideresas de 13 países, que incluye a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, España, Argentina, Bolivia, Perú, República Dominicana, Panamá, Honduras y Paraguay. Entre los miembros destacan, además, 9 expresidentes, 2 gobiernos, y 5 excandidatos presidenciales, además de congresistas y excancilleres de la región.