El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso a fines del mes de abril una querella criminal en contra de cinco ejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral S.A. -ubicada en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena- para que se investigue su responsabilidad penal por fraude de subvenciones en contra del Estado.

Lo anterior, en consideración a que dicha empresa percibió alrededor de 60 mil millones de pesos como beneficio tributario contemplado en la Ley Navarino, adulterando información en materia de mortalidad en los centros de acuicultura, además de alterar artificialmente las condiciones ambientales de los cuerpos de agua y sedimento, todo lo cual le permitió obtener fraudulentamente cuantiosos recursos emanados de la Ley Navarino.

El 22 de mayo pasado, el CDE obtuvo como medida cautelar que se retuvieran las bonificaciones pendientes de pago a Nova Austral, por un monto que bordea los 7 mil millones de pesos. Del mismo modo, este lunes presentó una ampliación de su querella, ahora en contra de la persona jurídica Nova Austral S.A., fundada como delito base en el previsto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que persigue el daño sobre los recursos hidrobiológicos como consecuencia de la introducción de agentes contaminantes en los cuerpos de agua.

“El Consejo de Defensa del Estado ejercerá todas las herramientas que la ley le entrega para perseguir a quienes infrinjan las normas y la institucionalidad, torciendo el espíritu y propósito de nuestras leyes, en este caso, de la Ley Navarino, y provocando, además de un cuantioso perjuicio fiscal, daño al medio ambiente”, sostuvo el presidente del organismo, Juan Antonio Peribonio.

Finalmente, cabe hacer presente que el ejercicio de la acción penal interpuesta no obsta la eventual interposición de la acción civil de reparación por daño ambiental por parte del CDE, respecto de lo cual se encuentra recabando antecedentes.