Privados de libertad, y formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita quedaron dos gendarmes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, y otros dos hombres de fuera del penal y detenidos en el marco de la misma investigación que encabezó el fiscal Álvaro Hermosilla Bustos, junto a Carabineros del OS7 y la Oficina de Seguridad Interna de Gendarmería.

El grupo fue detenido la tarde del sábado, tres de ellos en las inmediaciones de la cárcel y el otro al interior de ésta, donde estaba de guardia. Se trata del sargento segundo Sergio Parra Hormazábal y del gendarme primero Claudio Sepúlveda González, mientras que los civiles son Julio Cisterna Jaque y Felipe Soto Valdebenito, quienes proveyeron de la droga a los primeros y residían en San Pedro de la Paz.

Ese día, el Juzgado de Garantía de Chillán accedió a ampliar la detención hasta hoy, cuando fueron formalizados, por existir diligencias pendientes. De hecho, en estos días la investigación se logró identificar a dos internos, Andrés Lara López y Mario Migrik Muñoz, a quienes también se les comunicó en la audiencia de hoy que se les investiga por tráfico de droga y asociación ilícita. Estos otros dos formalizados no quedaron con medidas cautelares por estar cumpliendo condenas.

El fiscal Álvaro Hermosilla precisó que el día de la detención se incautaron 91,1 gramos de marihuana y 21,8 gramos de cocaína, los que se suman a otro hallazgo realizado a uno de los internos el 25 de abril, cuando se encontraron en su poder 25,4 gramos de marihuana, 136,9 gramos de cocaína y 98 gramos de pasta base, drogas que le fueron entregada por uno de los gendarmes, concluyó la investigación.

El persecutor explicó que “Claudio Sepúlveda, en su condición de gendarme ingresaba droga al recinto penal. Para realizar dicha acción su superior jerárquico, Sergio Parra, le daba las facilidades para que saliera del penal e ingresara posteriormente la droga. Por esa actividad ellos recibían un pago de dinero, el que era entregado directamente a Sepúlveda o a través de depósitos tanto a las cuentas bancarias de éste, de su familia o del propio Parra”.

El fiscal acotó que “se pudo precisar que Sepúlveda se dirigía a las inmediaciones de la cárcel, tomaba contacto con terceros, a quienes cobraba por estos servicios y luego procedía a ingresar la droga que era distribuida entre los reclusos. Para dicha actividad también eran apoyados por otro interno, Andrés Lara, quien facilitaba dicha entrega y también captaba compradores”.

El jefe de la XVI Zona de Carabineros, general Mario Sepúlveda Peralta, explicó que “las diligencias conjuntas permitieron realizar una serie de investigaciones para acreditar este delito y determinar a los responsables de una organización criminal de tráfico que vulneraba los sistemas de seguridad”.

El general agregó que “a raíz del análisis criminalístico de llamadas telefónicas se tomó conocimiento que uno de los gendarmes recibiría una indeterminada cantidad de drogas, lo que se realizaría en las inmediaciones de la cárcel. De esta forma, fueron detenidos mientras realizaban la transacción de cocaína y marihuana”.

Mientras que el director Regional de Gendarmería en Ñuble, coronel Gonzalo Hermosilla Lizama, destacó “el compromiso y entrega del personal de inteligencia penitenciaria, del Ministerio Público y del personal de Carabineros del OS7, por el gran trabajo investigativo realizado durante varios meses y que logró la detención de los ex funcionarios involucrados en los hechos, quienes fueron desvinculados inmediatamente de las filas institucionales”.

Acotó que “como Gendarmería de Chile rechazamos categóricamente el actuar de los ex funcionarios involucrados y quiero ser firme en señalar que nunca permitiremos ni avalaremos que nuestro personal cometa delito alguno o falten a la probidad, ya que este tipo de actos manchan el correcto actuar de miles de funcionarios que profesionalmente nos desempeñamos día a día en las distintas unidades penales y especiales, y que trabajamos con plena entrega y profesionalismo por la reinserción y la seguridad”.

El Juzgado de Garantía de Chillán estableció un plazo para la investigación de cuatro meses.