Con 87 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución 1135, que contempla medidas sanitarias, económicas, sociales e institucionales para enfrentar la crisis por la pandemia del coronavirus.

Esto basado en las propuestas de la Mesa Técnica COVID-19, economistas de distintas universidades, del Foro por el Desarrollo Sostenible, de la propuesta económica dada a conocer por el Colegio Médico, y por la carta enviada al Presidente Sebastián Piñera por más de 2 mil científicos.

El documento considera en materia sanitaria fortalecer las capacidades de testeo, ampliar la trazabilidad, fortalecer la Red Primaria de Salud, desarrollar una amplia estrategia de salud mental y ampliar la red de residencias sanitarias.

El diputado Rodrigo González (PPD) afirmó que “en materia de empleo e ingresos se propone mantener el 70% del sueldo de los trabajadores que hacen uso del seguro de desempleo e incrementar el ingreso familiar de emergencia elevando su valor al nivel de la línea de pobreza con un monto de 369.205 pesos mensuales por un grupo familiar de 3 personas y de 451.750 por uno de 4 personas, incluso se pide considerar en caso de que la crisis se extienda, el uso acotado por una sola vez los fondos de pensiones que el Estado restituirá al momento de la jubilación”.

Los montos y cifras fueron respaldadas por el jefe de bancada del PS, Luis Rocafull, indicando que “acá hay una propuesta económica seria, responsable, que ha considerado todas las variables y todos los supuestos para poder proponer, por tanto nos parece de una tremenda solidez que da garantías de cómo se puede manejar este tema en lo económico”.

Respecto a las Pymes y Mipymes, con énfasis en las no bancarizadas, se contempla ampliar y hacer efectivo el apoyo incorporando subsidios y eliminando la tasa de encaje y deducibles.

Mientras que para el fortalecimiento de los municipios se considera un aporte inmediato de 300 millones de dólares que cubra el déficit de 1.150 millones acumulados y los gastos adicionales transitorios en que han incurrido durante la pandemia, y también aumentar en un 15% el aporte al Fondo Común Municipal.

Según el diputado Pablo Vidal (RD), llegó el momento de que el Gobierno escuche a “toda la oposición con una estrategia y un conjunto de medidas concretas que pueden aliviar a las familias chilenas”

“Lo único que falta es que el Gobierno abandone la tozudez con la que ha actuado todos estos meses, llegó el momento de que tengamos una política de Estado, una mirada común, pero eso se basa en el bienestar de las familias a través de medidas que a estas alturas ya no son económicas, el Ingreso Familiar de Emergencia en los montos que nosotros proponemos no es una solución económica, es una solución sanitaria”, agregó.

Para el jefe de bancada de la DC, Daniel Verdessi, “los economistas que participaron para elaborar esta propuesta tiene experiencia de gobierno exitosa, queremos romper el dogma de que el país no puede invertir e intervenir para salvar a la gente de la situación de hambre y de los problemas que se han producido por las políticas no definidas claramente en el ámbito de la salud”.

Según el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, la “propuesta económica, amplia, transversal de toda la oposición, el Gobierno debe tomarlo como un rayado de cancha, aquí hay una postura política clara que por acá no van a pasar más proyectos que vengan con propuestas insuficientes desde el punto de vista económico que las familias vulnerables, la clase media, las pymes requieren para sobrellevar estos meses de crisis”.

Finalmente el texto considera también activar el rol del Estado a nivel regional en todas sus dimensiones impulsando la descentralización de todas las medidas y políticas sanitarias a través de los gobiernos regionales y locales, e Incrementar los recursos fiscales asignados al plan de emergencia hasta un monto de 12 a 15 mil millones de dólares, utilizando los fondos reservados, el endeudamiento a bajas tasas de interés disponible, la aplicación de un impuesto por única vez a los grandes patrimonios y en el mediano plazo de una reforma tributaria para los gastos permanentes.