El Gobierno ha impulsado distintas medidas para limitar el desplazamiento y la libre circulación de personas por la propagación del Covid-19, entre ellas, toque de queda, cuarentenas y aduanas sanitarias. Sin embargo, parte de la población continúa incumpliendo las medidas sanitarias, significando un importante aumento de contagios y más de 100 mil detenciones por delito contra la salud pública.

Frente a esto, el Gobierno presentó el proyecto de ley que modifica el artículo 318 del Código Penal, endureciendo las penas a toda persona que ponga en peligro la salud pública. Posteriormente, la normativa fue aprobada y despachada por el Congreso el día de ayer, mientras que hoy fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

Así lo comentó el Intendente Regional, Roberto Erpel, explicando que “cualquier persona que no respete las medidas sanitarias o incumpla la correspondiente cuarentena, recibirá hasta 3 años de presidio y será sancionado con multas de entre $500 mil y hasta $10 millones. De esta forma, se logra establecer mayores penas monetarias y carcelarias para los infractores irresponsables que no piensan en su comunidad”.

Asimismo, contempla como agravante de delito a toda persona que organice o convoque a eventos o celebraciones de cualquier tipo, actividades prohibidas durante la pandemia. De esta forma, eleva las multas a más de $12.5 millones por riesgo de propagación de agentes patológicos.

“Son medidas necesarias para lograr disuadir a la población de que no incumplan las medidas sanitarias, que con el aumento de fiscalización y otras medidas, esperamos que se muestre una positiva evolución de contagios, disminuyendo la cantidad de chilenos con Covid-19 en esta crisis sanitaria y social que nos ha afectado a todos”, indicó Erpel.

La normativa establece además una pena de cárcel de hasta 5 años a quienes, sabiendo que están contagiados, infrinjan la cuarentena poniendo en riesgo la salud pública y vulnerando las normas sanitarias. “No permitiremos más irresponsabilidades. No dejaremos que sigan jugando con la vida de las personas”, resaltó el intendente Erpel.

Finalmente, incluye la posibilidad de sanción con trabajo comunitario, de modo que el infractor entregue un beneficio a la comunidad, y fija responsabilidad penal a personas jurídicas en caso de que el empleador ordene a un trabajador concurrir al lugar de trabajo, cuando este debe mantener aislamiento al ser un caso positivo de Covid-19.