El subdirector de Carabineros, general inspector Diego Olate, entregó este viernes una actualización sobre los procesos administrativos llevados a cabo en la institución en el marco del estallido social.

Según detalló, del 18 de octubre de 2019 a marzo de 2020, se han realizado 1.228 procesos administrativos, de los cuales 496 fueron sumarios y 732 investigaciones.

Luego de finalizadas las investigaciones se sancionaron 173 carabineros, 14 de los cuales fueron dados de baja, con 81 arrestos y 78 anotaciones en la hoja de vida.

También se refirió a los casos más emblemáticos sobre los cuales se abrieron procesos sumarios y cuyas causas también están o estuvieron investigados por los tribunales de justicia.

En primer lugar, habló del caso de Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos durante una manifestación el día 8 de noviembre de 2019, abriéndose una investigación administrativa, sobre la cual, explicó Olate, se determinó un proceso de baja de un funcionario por grave incumplimiento de los protocolos, ya que descargó los videos en un computador institucional antes de entregarlos a la investigación.

En segundo lugar, se refirió al caso de Fabiola Campillai, quien también perdió la visión luego de recibir una bomba lacrimógena de lleno en la cabeza, el 28 de noviembre de 2019, en la comuna de San Bernardo. Por esta causa, Olate señaló que sigue en desarrollo la investigación, ya que no se ha podido contar con la declaración de la víctima.

Respecto a la denuncia de un joven estudiante que habría sido violado por personal policial, el general inspector declaró que un informe forense descartó este delito, desestimándose así cualquier sanción a los funcionarios apuntados, recordando además que el joven fue formalizado por robo durante un saqueo.

Sobre la acusación de que cuatro personas fueron crucificadas en antenas de telecomunicaciones en la comuna de Peñalolén, Olate expresó que los detenidos fueron inmovilizados de una de sus manos a una antena, debido a la gran cantidad de apresados que había en el lugar, descartándose la veracidad de los hechos y no decretándose alguna sanción.

En tanto, en relación a la golpiza a un joven en la comuna de Puente Alto, en enero de 2020, se determinó que fueran dados de baja 8 funcionarios, sin perjuicio de lo que revele la investigación penal que está en curso.

Por su parte, Olate recordó el caso de presuntas torturas en la Estación Baquedano del Metro, donde la investigación interna descartó responsabilidades de funcionarios, junto con recordar que el Ministerio Público sobreseyó la causa por la inexistencia de los hechos.