La Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones, un proyecto de resolución de la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), que busca cambiar el régimen carcelario de los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre.

El texto establece que el Estado chileno debe hacerse cargo y respetar el Convenio 169 de la OIT. En ese contexto se pide adecuar el “Plan de acción de Gendarmería para enfrentar el Corona Virus”, con el fin de darle pertinencia y coherencia con los derechos de los pueblos Indígenas establecidos en instrumentos internacionales.

“En este sentido se pide agilizar el otorgamiento de beneficios carcelarios dispuestos en la normativa vigente o envíe un proyecto de ley especial para el caso de las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos indígenas, a fin de que cumplan su condena fuera de los recintos penitenciarios”, explicó Nuyado.

Además, la iniciativa solicita al Ejecutivo “acelerar la tramitación de los traslados a los Centros de Educación y Trabajo para los y las condenadas pertenecientes a pueblos indígenas, que califiquen o cuyas postulaciones tengan que ser revisadas por la Comisión Evaluadora pertinente. También se pide informar la obligación que tienen los tribunales de justicia de aplicar el Convenio 169 de la OIT para impartir justicia, modificando las medidas cautelares de prisión preventiva de los 6 presos políticos mapuche que se encuentran en la cárcel de Angol, y que la cumplan en su comunidad”.

En este sentido, la diputada PS agregó que “pedimos al ministro de Justicia se proceda a iniciar conversaciones con los voceros de los huelguistas, para instalar una mesa de dialogo que acuerde medidas urgentes para la protección de las personas privadas de libertad pertenecientes a los pueblos indígenas y que se inicie un estudio a corto plazo, para identificar a las personas de origen indígena que han sido condenadas desde la instalación de la Reforma Procesal Penal, destacando las que han cumplido pena privativa de libertad”.

El texto también solicita que “se garantice el ejercicio del derecho a la salud, con perspectiva intercultural, en cualquier recinto penitenciario, de acuerdo con la normativa nacional e internacional de derechos humanos y apurar la modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, incorporando los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena y la protección especial de las personas que son parte de los grupos vulnerables, según las Reglas de Brasilia y otros instrumentos atingentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.