AgenciaUno/EuropaPress

El Gobierno de Perú y las clínicas privadas del país llegaron ayer a un acuerdo sobre las tarifas que tendrá que aplicar por cada uno de los pacientes de COVID-19 derivado a sus instalaciones, un día después de que el presidente, Martín Vizcarra, advirtiera al sector de que se podría llevar a cabo, “con la ley en la mano”, una intervención estatal del mismo.

“El diálogo se inició con referencias muy claras y precisas al bien común y a la necesidad de unir esfuerzos”, señaló uno de los mediadores del conflicto propuesto por el Ministro de Salud, el doctor Max Hernández.

“Se ha planteado una cantidad fija de unos 55.000 soles (14 euros), sea por el periodo que sea, desde un día o dos, hasta más de 30”, reveló Hernández, quien explica que “se ha buscado un contrato estándar que permita que todas las clínicas puedan estar articuladas en ese sentido”.

Aunque “la cifra puede parecer muy alta”, Hernández detalló en un diálogo con el telediario de América Noticias, que dicha cantidad será repartida entre los distintos costos que acarrea tratar a cada uno de los pacientes de COVID-19.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú señaló a través de un comunicado que el acuerdo alcanzado va a permitir que aquellas personas que estén afectadas por COVID-19 puedan ser transferidas desde los servicios públicos hacia las clínicas privadas, cuyos servicios serán abonados por los organismos de salud estatales.

Un día antes de que se lograra el acuerdo, Vizcarra manifestó, que amparándose en la Constitución de Perú y su artículo número 70, el Gobierno podría legalmente intervenir las clínicas privadas en caso de que en 48 horas no se alcanzara una solución.

“La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas. No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo y esperamos que así sea”, señaló.

La Constitución peruana, en su artículo número 70, contempla la posibilidad de expropiar un bien privado por causa, exclusivamente, de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de una indemnización que incluya una compensación por el eventual perjuicio que se pudiera ocasionar.

Por otro lado, el presidente Vizcarra anunció que el estado de emergencia sanitaria, junto con su correspondiente cuarentena, no será prorrogada después del 30 de junio, pero matizó que algunas medidas de restricción se mantendrán dependiendo del estado epidemiológico de cada región.

“Esta cuarentena con las características que todos conocen concluye el 30 de junio, pero hay cosas que deben continuar”, afirmó Vizcarra, junto con indicar que “las cosas que funcionan” para combatir la pandemia “se mantendrán”.

En su último balance, el Ministerio de Salud confirmó un total de 268.602 casos y 8.761 fallecidos, mientras que 156.074 personas lograron el alta médica tras recuperarse de la enfermedad. Lima concentra gran parte de los contagios en el país, con más de 150.000 y casi la mitad de las muertes, poco más de 4.000.