La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que la querella presentada en su contra por la empresa Pegasus no “tiene ningún tipo de asidero legal”, y anunció posibles acciones judiciales.

La compañía acusó que Motorola, quien ganó la licitación de 300 cámaras corporales de Carabineros, fue favorecida estratégicamente por Martorell, pese a que sus equipos no tendrían la función de “pre y post grabado”.

Este era uno de los requisitos del proceso, que finalizó en marzo pasado, con una adjudicación por más de 378 millones de pesos, según consigna Radio Cooperativa.

La denuncia de Pegasus apunta a la subsecretaria y a los 5 integrantes de la comisión evaluadora, por los delitos de presunta prevaricación administrativa, fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Al respecto, Martorell afirmó que “esta querella no tiene ningún tipo de asidero legal; hoy cualquier persona puede presentar una querella si siente que ha sido vulnerado en algún derecho, pero como subsecretaria estoy segura y absolutamente convencida de que no ha existido ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad ni mucho menos algún tipo de acción criminal, que es lo que se pretende imputar”.

Además, agregó que “vamos a evaluar todas las acciones legales que podemos ejercer, porque aquí se está afectando a una subsecretaría de Estado, a funcionarios que trabajan en ella y también a mí como persona, y eso por supuesto que afecta mi honra”.

En la misma línea, la titular de Prevención del Delito aseveró que las cámaras corporales aludidas, no son adulterables, ni tampoco se puede cambiar o borrar su memoria.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, consultado sobre el tema sentenció que fue “una licitación abierta y transparente”, añadiendo que “los procedimientos se hicieron en regla, y por lo tanto, dejemos que las instituciones funcionen”.