La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, detalló que su cartera está trabajando en un protocolo antiabusos para la actividad deportiva. Las gestiones se habrían acelerado tras las denuncias de acoso y abuso hechas por jugadoras de Palestino, en contra del kinesiólogo Ignacio Montano.

Pérez afirmó a La Tercera que “este protocolo ha sido trabajado por distintos actores del deporte, como COCh, IND y la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, tomándose ejemplos internacionales de prevención y castigo a cualquier tipo de abuso en el deporte”.

Además, explicó que “el Ministerio encabezó una mesa de trabajo, de cuyos insumos se dictará un decreto supremo dentro de las próximas semanas”.

Este protocolo no solo involucra “la responsabilidad y el accionar de las autoridades públicas y deportivas , sino que implica que todos y cada uno de los integrantes de las organización deportiva de nuestro país debe tomar conciencia de las consecuencias nefastas generadas por el abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato”, consigna el citado medio.

El documento mandatado por la ley 21.197 y establece “el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional”.

Los principios que inspiran este protocolo son: protección, eficacia de las actuaciones, enfoque preventivo, no revictimización, entorno seguro en el deporte, colaboración efectiva, reserva de los antecedentes, debido proceso y nuevo estándar de seguridad deportiva.

Las instituciones deportivas tendrán la obligación de promover y difundir el documento y, sobre todo, de implementar las medidas de prevención, además de establecer las instancias que determinarán las eventuales sanciones.

Dentro de las medidas, se contempla no cerrar con llave las salas de fisioterapia, hacer público el horario de utilización de la sala consignando el nombre del profesional y del paciente que las ocupa, lo que también aplica para las oficinas.

También se deberá disponer de baños separados para varones y mujeres y el acompañamiento de varias personas en el caso de las actividades que se realicen en el exterior.

En el caso de los menores de edad, se exigirá el acompañamiento en todo momento por un responsable de la delegación y la prohibición absoluta de que adultos y menores de edad compartan habitaciones en caso de viajes.

Un Encargado Institucional deberá canalizar la denuncias, y si los hechos son constitutivos de delito, deberá notificarlos al Ministerio Público, a las policías y a la organización deportiva correspondiente.

Sobre las sanciones, el documento determina que “si el denunciado resultara condenado por los Tribunales de Justicia por hechos de acoso o abuso sexual, el órgano disciplinario procederá a disponer la inhabilitación perpetua del condenado para participar en organizaciones deportivas”.

Se exigirá a las organizaciones deportivas  mantener un registro de las castigos que se adopten, además de informar por canales oficiales las sanciones penales en los comportamientos perseguidos por la ley.

Finalmente, las instituciones deportivas estarán obligadas a implementar este protocolo, para así poder optar a los beneficios contemplados por la Ley del Deporte.