La Superintendencia de Salud respondió a la denuncia realizada por el diputado Andrés Celis (RN), respecto del grave hecho sucedido en el Hospital Gustavo Fricke en junio del año pasado, cuando un nonato murió luego de que su madre fuera dada de alta pese a que estaba en trabajo de parto y de haber consultado por sus mismos malestares en dos días anteriores.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2019, cuando Alexandra Rivas (26) llegó hasta el recinto con un avanzado embarazo, presentando contracciones y signos de pérdida.

Pese a que la joven había consultado en forma reiterada entre los días 19 y 21 de junio del año anterior, y que esta vez manifestaba ausencia de movimientos fetales, el hospital la categorizó erróneamente, siendo dada de alta en circunstancias que debió ser hospitalizada.

A pesar de los graves síntomas de la afectada, en el Servicio de Gíneco Obstetricia, una doctora becada determinó que la paciente fuera enviada a su casa, sin considerar el alto riesgo materno fetal.

Respecto de este último punto, la Intendencia de Prestadores de Salud determinó que en la evolución médica, donde se indica el alta de Alexandra, firma sólo una persona registrando el nombre del médico, de la becada y de un interno, lo que según el ente fiscalizador es “grave e irregular” porque – según señaló el propio hospital- “la becada no informó de la situación al médico residente, sino que tomó su propia decisión, lo que finalmente llevó a una muerte fetal”.

Además del error en la categorización de la paciente y de la omisión del caso al médico a cargo, se concluyó que el Hospital Gustavo Fricke “no cuenta con un procedimiento establecido y conocido por los todos los funcionarios del Servicio de Gíneco Obstetricia, ya que, se constatan diferentes criterios en el actuar clínico de una paciente con diagnóstico de alto riesgo materno fetal”.

Igualmente, se observa “poca rigurosidad por parte del hospital, toda vez que, el informe de análisis del plan de mejora hace referencia al mes de julio 2019, siendo que, los hechos desafortunados de muerte fetal, ocurrieron en el mes de junio 2019”.

El año pasado, tras enterarse del caso, el diputado Celisofició a la Superintendencia de Salud y también a la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando ambos pronunciamientos.

El parlamentario explicó que “las negligencias de este caso son evidentes y graves y así lo soslaya la Superintendencia. Además, se detallan graves infracciones administrativas, demostrando fehacientemente que hubo una infracción a los protocolos que debe seguir todo hospital público y que dichas erradas decisiones, llevaron finalmente a la muerte del bebé que estaba a punto de nacer”.

“Tal como lo indica el informe de la Superintendencia, es el Hospital el responsable final de las decisiones y acciones que toma el personal médico que presta atención a las pacientes, independiente, si estos son médicos especialistas, becados o internos”, agregó el legislador.

En la misma línea, indicó que “sin perjuicio de las responsabilidades personales que existen, es el Director -como superior del Servicio- quien debe asumir su carga en el cumplimiento de los protocolos de atención y en la supervisión y resguardo de las atenciones brindadas por alumnos, internos y/o becados y es por ello que mi llamado es que de un paso al costado. Es inconcebible que, a más de un año del grave hecho, las investigaciones y auditorías ordenadas por él, no estén finalizadas”.

“Remitiré los nuevos antecedentes a la Contraloría, a fin de que ejerza sus facultades de control y  analice la legalidad de los procedimientos cuestionados por la Superintendencia”, finalizó el diputado RN.