La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó, en particular, el proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, texto que está con urgencia suma y será informado a la sala por el diputado Pablo Lorenzini (DC), en la sesión de este miércoles.

Este fondo, que se crea hasta el 30 de junio de 2022, busca financiar un programa fiscal por un máximo de $9.720 billones de pesos (equivalentes a 12 mil millones de dólares), con el objeto de solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

La comisión aprobó el texto con diversas indicaciones parlamentarias que tienen como objetivo regular la ejecución de los recursos del fondo y su debida fiscalización.

Entre estas, se incorporó establecer que los recursos de este fondo solo podrán destinarse a financiar de manera exclusiva los objetivos explícitos sintetizados en el documento “Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo”, entre los cuales se consideran la protección de los ingresos de las familias y de los trabajadores mediante el Ingreso Familiar de Emergencia, recursos para municipalidades, aportes a organizaciones sociales de la sociedad civil, gastos en salud, mejoras a la Ley de Protección del Empleo y al Seguro de Cesantía, apoyo a los trabajadores independientes, protección para padres, madres y cuidadores trabajadores dependientes formales de niños y niñas en edad preescolar, entre otros.

Además, se establece que estos gastos se podrán ejecutar a través de programas contemplados en las Leyes de Presupuestos de los años 2020, 2021 y 2022 y/o en leyes específicas para esos programas. Pero, dichas acciones no se podrán extender por más tiempo que el de su existencia, salvo que se trate de proyectos de inversión identificados con anterioridad.

La comisión también añadió, al texto presentado por el Ejecutivo, que las empresas privadas que sobrepasen el límite de ventas anuales de un millón de unidades de fomento, no podrán obtener apoyo financiero del Estado con cargo a este fondo.

Durante el debate, los legisladores aprobaron que todos los decretos o resoluciones que sea necesario dictar para la implementación de las acciones financiadas por este fondo deberán cumplir con el trámite de toma de razón de la Contraloría general de la República, actuaciones que el proyecto del Ejecutivo dejaba exentos de dicha obligación.

Asimismo, se señala que los recursos del fondo sólo podrán financiar gastos que hubieren sido incluidos en un plan de acción instruido por el Presidente de la República, el que deberá ser aprobado por ley.

El proyecto, finalmente, autoriza al Primer Mandatario a contraer obligaciones en el país o el extranjero hasta por 8 mil millones de dólares hasta el 30 de junio de 2022.