“Vamos a impulsar una reforma institucional que le da un reconocimiento a nuestros pueblos originarios, entre los cuales el más numeroso es sin duda el pueblo mapuche, afirmó el Presidente Piñera en el año 2018, pero hemos visto poco de reconocimiento y mucho de represión”, afirmó el senador Alejandro Navarro (PRO).

El parlamentario afirmó que “el Gobierno de Sebastián Piñera enfrenta una nueva crisis, esta vez, con los pueblos originarios. Esto es sin duda muy grave para La Moneda, pues si han leído algo de historia sabrán que los conflictos con los pueblos originarios, derriban gobiernos”.

“Por eso es que es importante que se revisen las actuaciones de los 3 relatores internacionales de las Naciones Unidas que han estado en nuestro país, Rodolfo Stevanhagen el 2003, Jimy Anaya el 2014 y Ben Emersson el 2013, que suman más de 100 recomendaciones que el Estado de Chile no ha cumplido”, recordó el legislador.

Para Navarro, “cualquier proceso de paz y diálogo pasa por revisar las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas, que imponían al Estado chileno, al Poder Ejecutivo, su realización. No hay posibilidad de diálogo por la paz en la Araucanía sin observadores internacionales, como ha ocurrido también en otros países de América Latina, pues son garantes de objetividad y de imparcialidad para los gobiernos”.

Cabe destacar que las recomendaciones apuntan a la elaboración de una nueva estrategia nacional para abordar exhaustivamente la cuestión Mapuche, que considere la priorización de los procesos de devolución de tierras ancestrales, que no se aplique la Ley Antiterrorista en contra de manifestantes de la etnia, e investigar las denuncias de abusos y violencia contra los pueblos indígenas cometidas por miembros de la policía.

El senador destacó que “he puesto además a disposición del Gobierno, el proyecto de ley que presenté el año 2006 y que busca beneficios penitenciarios y libertad condicional para los presos políticos Mapuche”.

“En ese entonces no había convenio 169 de la OTI ratificado; hoy lo está, y todo lo que se haga debe respetar dicho convenio, que se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Y que por cierto el Estado de Chile ha firmado y debe cumplir”, finalizó Navarro.