La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado respaldó en general la iniciativa y este miércoles se continuará con su estudio en particular.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado aprobó por unanimidad de sus miembros presentes, en general, el proyecto que perfecciona la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, modificando una serie de aspectos de la normativa vigente sobre transparencia.

“Esperamos que a 12 años de la promulgación de la ley podamos avanzar en una serie de mejoras que como hemos podido evidenciar en más de una década de vigencia se requieren en materia de transparencia”, dijo el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.

Asimismo, subrayó que la pandemia por el covid-19 “dejó en evidencia de manera mucho más clara una serie de limitaciones que es necesario subsanar y que esperamos sean recogidas en este proyecto”.

La iniciativa debe continuar su tramitación en sala, avance que coincide con la fecha de promulgación de la normativa original, el 11 de agosto. “En esta fecha especial para el ámbito de la transparencia, esperamos que pronto podamos tener una normativa perfeccionada, dado que requerimos ampliar a nuevos actores las obligaciones en este ámbito y profundizar algunos estándares que hoy solo se cumplen como una buena práctica y no como una obligación que conlleve sanciones”, sostuvo el representante del CPLT.

Otro de los aspectos que aborda el proyecto de ley apuntan a la institucionalidad, por ejemplo, mediante modificaciones al Consejo Directivo del CPLT y la creación de una Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo procurar el buen funcionamiento y coordinación del sistema de transparencia.

Asimismo, amplía las obligaciones de transparencia a algunas acciones en el Parlamento -como difusión de información sobre asistencia y permanencia en la sala y participación en las comisiones, sus votaciones, elecciones, dietas y asignaciones-, así como también a entidades reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios, la de Servicios Eléctricos y concesionarias de obras públicas.