Este sábado, el senador Guido Girardi, miembro del comité de PPD, junto con la ecologista Mari Anne Müller, el ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, y el sacerdote jesuita, Jorge Costadoat, pidieron al Gobierno que tenga voluntad política para aplicar el Convenio 169, en sus artículos 9 y 10, y permitir que el machi Celestino Córdova cumpla seis meses de la condena en su rewe y así evitar su muerte por inanición.

Además, señalaron que se debe restablecer el diálogo con el pueblo mapuche, avanzar en el reconocimiento constitucional, en mayor representatividad y participación política e implementar una estrategia de devolución de tierras.

Asimismo, rechazaron las declaraciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, sobre una supuesta ‘capacidad operativa militar’ en las comunidades, así como las del presidente de la CPC, Juan Sutil, quien asomó la posibilidad de que se esté gestando una guerra civil, “porque se busca dar una respuesta militar y represiva”.

El senador Girardi dijo que “vivimos el síntoma de una tragedia-país no resuelta y que se da el contexto de políticas racistas y discriminatorias que generó usurpación de tierras y violación de derechos humanos tolerados por un histórico silencio cómplice que lleva cientos de años”.

“Y no sólo respecto al pueblo mapuche porque el estado de Chile permitió el genocidio de más de 20 mil integrantes del pueblo ona y aún no hay reparación ni verdad y justicia para ellos. En Punta Arenas aún hay calles y monumentos que recuerdan a los asesinos”, agregó el parlamentario.

Según el parlamentario, “es difícil en un contexto de negacionismo poder resolver la crisis. Chile es uno de los pocos países del mundo que aún no otorga reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, que es el mínimo”.

“Hay mapuches condenados por la justicia por cometer delitos con motivaciones políticas. Deben ser sancionados, pero no reconocerlos como presos políticos y señalarlos sólo como delincuentes y terroristas invisibiliza el problema sustantivo y no permite alcanzar una solución”, señaló Girardi.

El senador calificó de “preocupante que en el proyecto de ley sobre Robo de Madera -delito que ya está tipificado- se quiera incluir soterradamente medidas antiterroristas como agentes encubiertos, testigos protegidos, interceptaciones. Así como las declaraciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, de que en las comunidades habría ‘capacidad operativa militar’ o del presidente de la CPC, Juan Sutil, sobre que se estaría gestando una guerra civil”.

Lo que consideró de extrema gravedad porque se está buscando justificar una respuesta militar y represiva. Cuando lo que se necesita es una respuesta de diálogo, reparación, reconocimiento e inclusión y restablecer una historia que no sea escrita sólo por el Estado de Chile y que dé cuenta de la perspectiva de los pueblos originarios”.

El senador afirmó que “el machi Celestino Córdova es un líder espiritual y no se está poniendo en acción los acuerdos del Convenio 169 (art 9) que establece que se debe recurrir a métodos tradicionales de los pueblos para delitos cometidos por sus miembros y (art 10) que las sanciones penales deberán tener en cuenta las características sociales y culturales de los infractores”.

Y agregó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha respaldado como legítimas las demandas de este líder espiritual y que hay que hacer concordar la pena con su cosmovisión. El plantea cumplir seis meses en su rewe, ya cumplió ocho años de prisión y en 2021 cumpliría la mitad del castigo y podría optar a beneficios”.

Girardi alertó que “aquí hay un contrasentido que expresa el racismo de la sociedad chilena. Los violadores de derechos humanos purgan sus penas en recintos especiales como es Punta Peuco, regimientos, hospitales y hasta se les indulta. Pero ese mismo criterio no se le quiere aplicar a los integrantes de pueblos originarios que cometieron delitos en el contexto de una lucha política”.

Por su parte el ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, dijo que “el problema es más amplio que Celestino Córdova, pero tenemos sólo horas para evitar su muerte. Lamentablemente el Gobierno ha sido intransigente y no quiere ceder. Esto es parte de una historia de racismo y discriminación que el mundo conservador ha desplegado en Chile por 210 años. Pero el 25 de octubre mapuches y chilenos trabajaremos juntos por una nueva Constitución que incluya un nuevo trato para los pueblos originarios”.

Namuncura calificó las declaraciones de Juan Sutil como “lamentables, graves y delicadas. Expresan ignorancia, desinformación e incomprensión de la historia. Son abusivas y provocadoras: No se puede tratar a un pueblo entero de anarquista, extremista y ladrón de madera”.

Mientras que la ecologista Mari Anne Müller señaló tener “una profunda tristeza, si Celestino Córdova muere, todos moriremos un poco y la sociedad chilena perdería la oportunidad de comenzar a reparar y cumplir los compromisos que no hemos cumplido para que los mapuches puedan creerle a Chile porque ya no le creen”.

Y dijo que “como ciudadana, ambientalista y tallerista para la paz llamó a un diálogo entre seres humanos. Hay jóvenes generaciones de mapuche muy preparados, que conocen el problema en profundidad y pueden ser un inmenso aporte para parlamentar. La paz no se impone con violencia, sino es el resultado de procesos multidimensionales”.

El sacerdote jesuita, Jorge Costadoat, dijo que “el problema mapuche es, en realidad, un problema del pueblo chileno. Somos nosotros los que los hemos negado o nos hemos aprovechado de ellos. La comunión entre culturas es hermosa; se trata de compartir el alma. Y ahora lo que toca es sufrir por el pueblo mapuche, como si fuera nuestro propio dolor. Y con ese dolor debiéramos sentir indignación”.

Y afirmó que “lo que corresponde es que el Convenio 169 se aplique ¡ya! Pero si el Gobierno es intransigente, el problema no se va a solucionar”.