El Juzgado de Garantía de Iquique decretó ayer sábado la medida cautelar de prisión preventiva de 13 ex-carabineros y 3 civiles, acusados como autores de los delitos de asociación ilícita, cohecho, contrabando, lavado de activos y robo con intimidación y violencia.

De acuerdo al Ministerio Público, estos ilícitos habrían sido cometidos entre noviembre de 2017 y principios de 2019, en la provincia del Tamarugal.

En la audiencia de formalización, que se extendió por dos jornadas, el magistrado Mauricio Chía Pizarro ordenó el ingreso de los excarabineros R.R.S., S.F.G., E.A.R., J.N.F., I.S.V., L.P.P., E.J.R., C.R.F., A.V.H., W.R.G., M.G.I, J.C.N. y J.M.G. a recintos policiales de Pozo Almonte, Iquique, Alto Hospicio, Rancagua, Arica, Copiapó, María Elena y Coyhaique; y de los civiles S.M.C., K.T.C. y L.M.G. al Centro Penitenciario de Alto Hospicio, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Asimismo, se dejó sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total a C.M.C. y H.R.A., imputados por los delitos de asociación ilícita, soborno, contrabando y lavado de activos; de C.C.G., imputado por asociación ilícita, contrabando y lavado de activos; de A.M.M. y J.C.C., imputados por asociación ilícita y contrabando; y de M.C.Z., imputado por asociación ilícita, contrabando, lavado de activos y como encubridor de robo con intimidación.

En el caso de A.C.A., imputada por los delitos de asociación ilícita y contrabando, el tribunal la dejó sin medidas cautelares por no aportar el fiscal en esta etapa procesal, indicios que permitan presumir su participación en los hechos.

La investigación del Ministerio Público y la PDI logró logró establecer la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios en servicio activo de Carabineros y civiles, quienes de manera concertada y organizada se encontraban operando a lo menos, desde noviembre de 2017 y hasta comienzos del año pasado, con el propósito de facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos al país.

Para ello, los líderes de la organización, S.M.C. y el cabo segundo de la policía uniformada R.R.S., contactaban a los brazos operativos M.C.Z., L.M.G., A.M.M., H.R.A. y J.C.C. y, dependiendo de si se encontraban de turno o en servicio de patrullaje, a los funcionarios de Carabineros: S.F.G., E.A.R., J.N.F., I.S.V., L.P.P., E.J.R., C.R.F., A.V.H., W.R.G., M.G.I, J.C.N. y J.M.G., para que concurrieran a sectores fronterizos y/o controles carreteros para que dieron paso libre a los camiones o vehículos menores en que trasladaban la mercadería ilícita, la cual distribuían y comercializaban en diversos puntos de la región.

El grupo se dedicaba a interceptar camiones que ingresaban al país cigarrillos de contrabando por pasos no habilitados de la zona de Colchane, apropiándose del cargamento, mediante intimidación y violencia. Mercancía que luego distribuían y vendían al menudeo en Alto Hospicio e Iquique.

Las ganancias que les reportaba las ventas bordean los $7.000.000, por camión asaltado. Dinero que era, posteriormente, repartido entre los miembros de la organización, en efectivo, transferencias electrónicas o depósitos, y que habrían utilizado para adquirir vehículos y maquinarias, que luego vendían para blanquear su origen.