El diputado Andrés Celis (RN) ofició a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, solicitando una serie de antecedentes que justifiquen dos cuestionadas licitaciones públicas encabezadas por la abogada; una de las cuales incluso se encuentra en investigación por el Ministerio Público, por eventual configuración de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

En primer lugar, el oficio plantea los antecedentes dados a conocer por el medio de comunicación Interferencia.cl, que apuntan a la adjudicación de un concurso por más de 14 mil millones de pesos para un sistema de televigilancia de mil cámaras a nivel nacional. Cuantioso trabajo que fue encomendado a la empresa Ingesmart, que proponía la instalación de aparatos que fueron cuestionados y sancionados en Estados Unidos por peligro de vulnerabilidad y presunto espionaje del gobierno chino.

Según informó la plataforma, las cámaras de marca Hikvisión, de origen chino, ofertadas por la empresa adjudicada, fueron retiradas de lugares estratégicos y recintos públicos como hospitales y gobernaciones, precisamente por sus problemas de seguridad estratégica.

El segundo cuestionamiento a las licitaciones públicas encabezadas por Martorell, fue a la llevada a cabo en marzo de este año respecto de la adjudicación por más de 378 millones de pesos para cámaras corporales de Carabineros que ganó Motorola y, por la cual, la subsecretaria ha debido dar cuenta en una querella interpuesta por eventuales delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La acción legal ya está siendo tramitada, con importantes diligencias investigativas como la entrega del celular de Martorell hace ya dos semanas, según informó La Tercera.

Al respecto, el diputado explicó que “ambos casos suman reproches a la gestión de Katherine Martorell en la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo cual resulta ilógico tratándose de un organismo que precisamente debe prevenir la comisión de los mismos. Por lo anterior, en mi labor fiscalizadora y para despejar dudas, decidí oficiar a la Subsecretaria Martorell y pedir toda la información que permita aclarar si se actuó conforme a la legalidad y las acciones que pretenden adoptar”.

“Espero recibir información acerca de los eventuales reclamos o acciones interpuestas en ambas licitaciones, ya sea que se hayan realizado por la vía administrativa o judicial. Además, es importante conocer los estudios de mercado que fueron utilizados para elaborar las bases, las respectivas comparaciones de precios, argumentos para las adjudicaciones y también de los rechazos a los otros oferentes participantes”, agregó.

“Tengo entendido que en el caso de la adquisición de cámaras de televigilancia, unas estaban destinadas a la Región de Valparaíso, comuna que se encuentra dentro del Distrito al cual represento, por lo que seré exhaustivo en el análisis de la información que se me remita para estar seguro de que los dineros destinados a mi sector están siendo correctamente empleados”, sostuvo.

“La gravedad de los hechos que se han dado a conocer y tratándose del interés público comprometido en las cuestionadas compras, cuyos procesos licitatorios han sido encabezado por Katherine Martorell, hacen concluir que podrían ser revocados, invalidados o resueltos los contratos, por ello interesa saber la postura de la Jefa del organismo y si estas acciones serán ejecutadas”, finalizó el parlamentario.