El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, acompañado por los ministros y ministras que integran el Consejo Superior; el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán, y el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, informaron sobre la ejecución presupuestaria por el Poder Judicial durante el primer semestre de 2020 ante la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.

En el encuentro, realizado de manera remota, la máxima autoridad de la Corte Suprema informó que el Poder Judicial alcanzó al 30 de junio de 2020 una ejecución presupuestaria de $270.357.153 millones, lo que equivale al 48,4% del presupuesto total asignado para este año para la institución.

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, resaltó el trabajo realizado por la institución durante estos meses para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el contagio de coronavirus, lo que ha permitido mantener en funcionamiento los tribunales de justicia de todo el país, resguardando la seguridad de las personas. Esto, gracias al uso de nuevas tecnologías, como el uso del teletrabajo y las videoconferencias, y el compromiso permanente y labor de todas las personas que forman parte de la institución.

“Este Poder del Estado ha tenido que realizar grandes esfuerzos para enfrentar la actual situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos (…) Este año ha sido tremendamente complejo en varios aspectos: la crisis sanitaria del Covid 19, los recortes presupuestarios por más de $25.000 millones y los gastos adicionales por más de $4.000 millones necesarios para reducir riesgos de contagio en nuestros tribunales y permitirnos operar 100% de modo telemático”, sostuvo.

Adicionalmente, indicó que de la implementación de leyes al Poder Judicial ha comprometido su actuar, obligándolo a una urgente reasignación de sus recursos, esfuerzos y tiempos, constituyéndose en uno de los más fuertes desafíos enfrentados.

“En menos de tres días tuvimos que prepararnos para recibir más de 516.777, escritos de retención de fondos, equivalentes a 1.828% de un año normal en comparación al mismo período de un año normal, lo que nos obligó a retener más de $308 mil millones por concepto de deudas alimenticias”, dijo.

Adicionalmente, indicó que el Poder Judicial tuvo que implementar más de 12.000 puestos de trabajo remoto durante la pandemia y desarrollar el uso masivo de videoconferencias para entregar un mejor servicio de justicia.

El director de la CAPJ, Ricardo Guzmán, informó que para enfrentar la rebaja presupuestaria solicitada por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial fue necesario implementar una serie de medidas de austeridad.

Estas medidas han permitido disminuir de manera importante los gastos en personal, especialmente, debido a la restricción en viáticos, suplencias y reemplazos y provisión de nuevos cargos. Indicó que producto de la contingencia sanitaria, la ejecución de los proyectos de construcción se ha visto afectada, debido las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad sanitaria, en especial en los proyectos de La Serena, Academia Judicial y Reforma Procesal Penal de Osorno.

Sin embargo, el directivo destacó que durante el segundo semestre se seguirá fortaleciendo el uso de la tecnología al interior del Poder Judicial y se avanzará en una serie de proyectos asociados a fortalecer el trabajo remoto, la implementación de nuevas leyes como la de entrevista videograbadas, centros integrados de notificaciones, tramitación electrónica y de incentivo al retiro y de una serie de proyectos que tendrán un positivo impacto para la comunidad.

Destacó que se seguirá adelante con los proyectos de infraestructura, a través del diseño y construcción de nuevos edificios judiciales para contribuir a reactivar el país, como los centros de justicia de Chillán, Tomé, RR.PP. de Osorno, nueva Academia Judicial, entre otros, los cuales tendrán un positivo impactos en el empleo y la reactivación económica del país. Finalmente, indicó que a nivel nacional se han tomado una serie de medidas preventivas para reforzar las medidas de seguridad e higiene de todos los tribunales del país, de manera de prepararse adecuadamente para el retorno presencial.

El presidente de la Tercera Subcomisión Mixta, el diputado José Miguel Ortiz, felicitó el trabajo realizado por el Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa, por la ejecución presupuestaria alcanzada y los logros y esfuerzos alcanzados.