El Ministerio Público hizo un crítico análisis de la gestión del ex-ministro de Salud, Jaime Mañalich, para enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile.

Esto en un escrito que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, envió a la Corte Suprema, para poder incautar los correos del ex-titular de Salud, ante la negativa del actual ministro de la cartera, Enrique Paris.

Lo anterior corresponde a una querella presentada por el senador Alejandro Navarro (PRO), sobre las cifras de muertes por COVID-19. Ante esto, el Ministerio Público pidió al Minsal obtener los antecedentes correspondientes.

Sin embargo, el pasado 8 de septiembre, el ministro Paris dio la orden de que no se llevaran los correos de Mañalich, su ex-jefa de gabinete y los de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, argumentando razones de “seguridad nacional”, según consigna La Tercera.

Tras esto, Armendáriz presentó un escrito a la Corte Suprema para que el Minsal entregue los datos solicitados, apuntando a una eventual responsabilidad de Mañalich en las muertes por Coronavirus en el país.

El persecutor regional indicó en el documento que “el ministro Mañalich y su jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, habrían decidido implementar un sistema sui géneris para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia”, según reporta el citado medio.

En la misma línea, se asegura que “ese sistema de recolección de datos no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.

“Las decisiones referidas a la implementación de medidas de cuarentena, que en Chile adoptaron la denominación de ‘cuarentenas dinámicas’, se realizaron con información incompleta, obviando variables relevantes, como la tasa de reproducción o el real número de casos activos que existían en una determinada localidad”, añade el libelo.

También se apunto a que “tampoco se tuvo a la vista, a la hora de adoptar tales determinaciones, datos complementarios relevantes, como la configuración socioeconómica de una determinada localidad y sus condiciones de vulnerabilidad, que se proporcionaron al ministro, su jefa de gabinete y la subsecretaria Paula Daza”.

La Fiscalía sostiene que “el ministro no solo fue advertido por la comunidad científica de la falta de sustento técnico de sus decisiones, sino que fue directamente informado, vía correo electrónico, por la funcionaria de su dependencia, Johana Acevedo, que los datos que manejaba no eran los correctos y que la curva epidemiológica que éste presentaba al país era una curva equivocada, pues la real demostraba un alza mayor en el número de contagios”.

Armendáriz y su equipo señalan en el documento que Mañalich actuó contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las sugerencias del consejo asesor., lo que pudo influir en la toma de decisiones, el aumento de contagios, y por consiguiente, en un incremento de las muertes por COVID-19.

No obstante, también destacan que “las anteriores afirmaciones constituyen premisas provisorias, que fundan sospechas sobre la actuación de las primeras autoridades gubernamentales con competencia en la materia respecto de su eventual responsabilidad penal”.

Finalmente, Armendáriz cuestiona las razones de “seguridad nacional” argumentadas por Paris para no entregar los antecedentes, asegurando que los correos de funcionarios públicos están sujetos a la Ley de Transparencia.