Mediante un escrito enviado al Tribunal Supremo de Renovación Nacional, el diputado Andrés Celis, miembro del partido desde hace más de 25 años, pidió que se resolviera a la brevedad su solicitud de inhabilitación y nulidad del proceso disciplinario que está abierto en su contra por denunciar que el diputado Diego Schalper estaba intentando incidir en votos para que se rechazara el proyecto que permitía el retiro del 10% de los fondos previsionales.

La causa se abrió en julio de este año con el voto favorable de la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell y del subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, quienes según el parlamentario de RN, deberían haberse inhabilitado para la decisión ya que tenían un interés actual y comprobable, lo que les habría impedido actuar con libertad, prudencia y ponderación.

Lo anterior, se sustenta también en la abierta opinión política de Celis de votar a favor del retiro del 10% cuando Schalper intentaba persuadir a los diputados Ramón Galleguillos y Aracely Leuquén, para que se alinearan con la opinión del Gobierno.

Por eso, a inicios de agosto, el legislador por el distrito 7, presentó un requerimiento para objetar los votos de los subsecretarios, amparándose en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alegando su derecho al Debido Proceso y al Juez Imparcial. Escrito que aún no ha sido respondido por el Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

“A juicio de los entendidos, los Subsecretarios Pinochet y, en especial, Martorell, se encuentran inhabilitados de iniciar una causa disciplinaria contra Andrés Celis, entre otras razones, por ser una funcionaria de Gobierno que está siendo investigada por posibles irregularidades en dos procesos licitatorios; mismos que han sido objeto de fiscalización por parte del propio Celis”, argumentó la defensa del parlamentario.

Por su parte, el diputado Andrés Celis dijo que “espero que se resuelva a la mayor brevedad posible mi solicitud de inhabilitación y nulidad de los procedimientos disciplinarios que se abrieron en mi contra, dado que son absolutamente injustos y podrían perjudicar mis derechos y garantías. Ningún testigo merece ser juzgado, menos cuando tiene facultades fiscalizadoras como es mi caso”.