La comisión que analiza la Acusación Constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, recibió la exposición de la diputada Claudia Mix (Comunes) que en representación de las y los diputados acusadores explicó los alcances del libelo en contra del exsecretario de Estado.

La parlamentaria realizó una detallada descripción de los acontecimientos ocurridos desde que comenzó a expandirse el Covid-19 en el territorio nacional, adjuntando declaraciones del ex ministro y datos con los que se explicaron los hechos fundantes de la acusación.

En su relato, detalló cómo fue cambiando la posición de Jaime Mañalich desde enero de 2020, donde señaló que “el tratamiento de una infección de esta naturaleza no es distinta a otras infecciones respiratorias graves, como la influenza”, hasta señalar en mayo que “lo que hemos aprendido duramente esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”.

Junto a esto, la diputada señaló las advertencias realizadas por el Colegio Médico en marzo, donde se señalaba que los datos entregados eran “incompletos, inconsistentes y tienen una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena”, junto a las investigaciones periodísticas que alertaban de un número mayor de muertes y la entrega de información diferente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras lo cual Mañalich renunció a su cargo.

Capítulos acusatorios

Como representante de las y los acusadores, la parlamentaria explicó, además, los dos capítulos acusatorios que contiene el libelo. El primero de ellos establece que el ex ministro infringió gravemente la Constitución y las leyes al haber dejado estas sin ejecución, colocado en riesgo la vida y la salud de la población.

La diputada indicó que esto se fundamentaría en que hubo una falta de preparación que se vio reflejada, en una primera instancia, en medidas insuficientes de prevención de los contagios, anuncios por parte de la autoridad que causaron confusión y aglomeraciones, falta de preparación de la infraestructura e insumos y ausencia de un plan de trazabilidad.

A esto se suman medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas, equivoca comunicación de riesgo y una mala gestión del Ministerio de Salud en relación a mantener el resguardo de los tratamientos de las personas que viven con VIH en el país.

Sobre el segundo capítulo, planteó que se infringieron por Jaime Mañalich las mismas normas del primero, a raíz del ocultamiento de datos y las faltas a la probidad administrativa.

Sobre los datos, la diputada explicó que el mal manejo de estos habría quedado en evidencia a través de los errores del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS) y el Sistema de Registro, Alerta y Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria (EPIVIGILA). Sobre las faltas a la probidad administrativa expuso sobre las irregularidades en los contratos con Espacio Riesco para ser utilizado como residencia sanitaria.

Entrando en el análisis del libelo, la comisión recibió la exposición del abogado Fernando Atria, quien aseguró que la acusación constitucional es genuinamente un juicio político que debe hacerse sobre una determinada conducción política.

“La cuestión no es si ha habido casos individuales de personas cuya violación de derechos pueda ser acreditada. La pregunta es si la estrategia seguida por el gobierno, encarnada en el ministro, estuvo a la altura de velar por la salud de las personas y el derecho a la vida”, explicó.

Por otro lado, el abogado Enrique Navarro señaló que la acusación “es un mecanismo de última ratio, que exige, por lo tanto, concluir investigaciones pertinentes, sin perjuicio de lo que corresponda ser investigado por el Ministerio Público e incluso por la propia Contraloría”, haciendo referencia a que en la Cámara ya hay comisiones investigadoras que analizan hechos que se vinculan con los contenidos del libelo.