La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, junto al diputado Jorge Alessandri, le solicitaron ayer viernes a la Contraloría General de la República iniciar a la brevedad un sumario administrativo en contra de los más de 37 mil funcionarios públicos que, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), habrían accedido al bono para la clase media sin haber cumplido con los requisitos legales, como registrar una disminución en sus ingresos de al menos un 30%.

Al respecto, ambos parlamentarios señalaron que “lo que denunció el SII es de la mayor gravedad, porque no sólo esos 37 mil funcionarios públicos habrían falseado la información para acceder al bono, lo que incluso puede revestir el carácter de delito, sino que eso significó que muchas personas, en especial las más vulnerables y de la clase media, se quedaran sin esa ayuda económica por la irresponsabilidad de estos funcionarios”.

Por lo mismo, los diputados insistieron en que “es urgente que la Contraloría inicie sumarios en contra de todas estas personas para determinar si efectivamente actuaron de esa manera. Y si se llegase a comprobar que fue así, vamos a exigir que se apliquen las máximas sanciones que establece el estatuto administrativo, que pueden llegar incluso a ser una destitución, además de instar a que se inicien todos los juicios de cuentas que correspondan a objeto de recuperar dichos recursos”, que el SII estimó en US$ 256 millones.

“No vamos a aceptar que un grupo de personas juegue de esta manera con los recursos que son de todos los chilenos, especialmente cuando estamos enfrentando una pandemia sin precedentes y ante una grave crisis económica. Si se llega a comprobar esta situación, no descansaremos hasta que las personas involucradas sean sancionadas como debe ser”, concluyeron los legisladores, quienes también instaron al Gobierno a presentar las acciones judiciales que correspondan.