El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se trasladó hasta la intersección de calles Agustinas y Ricardo Cumming, en el casco histórico de la ciudad, para constatar en terreno el trabajo desplegado por Bomberos y personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, luego que un incendio arrasara durante la madrugada con al menos cuatro viviendas antiguas, dejando un saldo de más de 110 personas damnificadas.

Junto con lamentar el hecho -que dejó a numerosas familias literalmente en la calle- el jefe comunal advirtió que “hoy día estamos experimentando una nueva tragedia producto de los subarriendos abusivos. Hay cuatro proyectos de Ley durmiendo en la burocracia del Congreso, por lo que le pido a los parlamentarios que aceleren la tramitación”.

Alessandri explicó que “si bien tenemos una ordenanza municipal, es muy difícil su fiscalización (de los subarriendos abusivos), por lo que se requiere con urgencia contar con una Ley que termine con estas personas inescrupulosas que subarriendan propiedades haciendo negocio con los más vulnerables”.

De acuerdo al último catastro realizado por la municipalidad, cerca de 200 propiedades en Santiago son objeto de subarriendos y cobros desmedidos, afectando a unas 4.000 personas. Gran parte de ellas son familias de migrantes en busca de una mejor calidad de vida, pero que al desconocer la realidad local, la legislación y muchas veces sin papeles de residencia o trabajo, son objeto de contratos donde se les cobra hasta $250.000 por una sola pieza, compartiendo el único baño de toda la casa con numerosas personas y sin las condiciones mínimas de seguridad en instalaciones eléctricas o vías de evacuación, por citar algunos aspectos.

En el último año la Municipalidad de Santiago ha recibido un centenar de denuncias por arriendos irregulares, a través de sus áreas de Fiscalización y Seguridad, pero la normativa vigente solo permite cursar multas a los dueños, quienes las pagan y continúan con su negocio.

En la actualidad existen 4 proyectos de ley relativos a arriendos abusivos presentados ante el Congreso Nacional, pero ninguno de ellos registra avances en su trámite legislativo. Uno de ellos, incluso, fue presentado por el Presidente de la República en julio de 2019.