Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, presentaron un proyecto de ley que concede amnistía a los infractores de la declaración jurada del aporte a la clase media contenido en la Ley N° 21.252.

Lo anterior, según explicó Mulet para que “no se le sancione penalmente a los 430 mil chilenos y chilenas que están en esta situación”, porque a su juicio, porque por una parte es caro para el Estado, y también porque en varios casos no hubo dolo, si no meras equivocaciones.

“Lo que queremos que se amnistíe es esto, que no se les persiga penalmente por 2 razones fundamentalmente, porque es absolutamente – desde nuestro punto de vista – difícil realizar esos juicios, es caro para el propio Estado realizar 427 mil causas penales y eso es una verdadera locura desde el punto de vista administrativo, y por otra parte también sabemos que es una situación que más bien obedece a razones equívocas donde hay situaciones que se deben valorar, que aquí no hubo dolo, en la inmensa mayoría de la gente hubo error”, afirmó.

Asimismo, el precandidato presidencial de la FRVS, agregó que “no es conveniente dirigir todo el esfuerzo del Ministerio Público ni del Consejo de Defensa del Estado cuando hay otras causas y otras exigencias de orden penal, que son mucho más importantes para el país, como atacar la delincuencia en general, los homicidios, el femicidio, en fin, y es ahí donde debemos poner los recursos y el esfuerzo del Estado”.

Finalmente, Mulet aclaró que este proyecto, de aprobarse en el Congreso, “no le impide al Estado, recuperar el dinero, ya sea a través de la Tesorería, o del propio Servicio de Impuestos Internos que lo impulse, en las fórmulas tradicionales que hay para recuperar recursos cuando el Estado ha entregado recursos que no corresponden, como por ejemplo a través de las declaraciones de impuestos, pero siempre determinando muy bien las situaciones de error, que en este caso parece ser común”.

“Entonces la amnistía no implica que las personas no deban pagar administrativamente y devolver administrativamente los recursos. Por eso es que creemos que es una buena situación para despejar la parte penal”, concluyó.