El diputado socialista, Leonardo Soto, solicitó fiscalizar el destino que grandes empresas han dado a los fondos obtenidos a través de créditos Fogape, con el objetivo de determinar si han cumplido las condiciones impuestas por la ley para acceder al financiamiento.

Lo anterior, señalando que si se va a sancionar a las personas de clase media que obtuvieron indebidamente un beneficio, corresponde también fiscalizar a los grandes empresarios que pudieron incumplir la normativa.

“El Gobierno sobre reacciona con mucha violencia en contra de los infractores a la norma del bono de clase media, personas que buscaban sobrevivir a la ruina que los amenazaba en la pandemia, donde había circunstancias extraordinarias que- a lo mejor- justificaron que algunas personas no exhibieran exactamente cuál era su situación patrimonial”, afirmó el legislador, quien recriminó que “el Gobierno le está declarando la guerra a la clase media”.

Esto, porque a juicio del parlamentario “es incomprensible que el Gobierno persiga con amenazas de cárcel e investigaciones penales a las personas mientras no hace nada ni tiene interés en fiscalizar si se usaron correctamente los créditos Fogape, en los que también hay comprometidos millonarios recursos públicos, y que pueden estar siendo utilizados para que grandes empresarios se distribuyan utilidades o incluso haber terminado en paraísos fiscales”.

“Indigna el doble estándar del gobierno, con mano dura, implacable contra la clase media, y pasivo y complaciente con los grandes empresarios. Lo que cansa a la gente es este doble estándar del Gobierno, a uno los amenaza con encarcelarlos y con los otros guarda silencio. Eso es inaceptable. Se debe fiscalizar a todos y no solo perseguir a la clase media”, cuestionó Soto.

Según detalló, “ningún órgano del Estado ha fiscalizado de verdad el uso de estos millonarios recursos Fogape, pese a que la ley señala expresamente que sólo pueden ser entregados a empresas para cubrir necesidades de capital de trabajo o gastos indispensables para que funcionen las empresas, pero para acreditarlo solo exige una simple declaración jurada del propio empresario sin que nadie compruebe su cumplimiento posterior, omisiones que pueden facilitar todo tipo de abusos”.

En esa línea, anunció que solicitarán “una fiscalización intensa sobre el cumplimiento de las condiciones de uso de los recursos del Fogape que llegaron a las grandes empresas, que han sido muy beneficiadas con estos créditos, llevándose más del 40% del total de los montos cursados, los que son entregados con un objetivo específico, en condiciones muy favorables al ser respaldados por recursos públicos, y que por lo tanto deben ser rendidos y fiscalizados como corresponde”.