El Congreso de Perú aprobó ayer lunes por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, una moción de censura contra el presidente del país, Martín Vizcarra, “por incapacidad moral permanente”, debido a los últimos episodios de una trama de corrupción por la que habría recibido 2,3 millones de soles a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.

Se trata de la segunda moción de censura a la que ha hecho frente Vizcarra en los últimos dos meses, después de que la anterior, presentada por un supuesto delito de tráfico de influencias dentro del conocido como caso ‘Richard Swing’, fuera rechazada por el Congreso.

En esta ocasión, la destitución de Vizcarra ha sido avalada por gran parte de las fuerzas políticas presentes en la cámara, como Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), Fuerza Popular (FP), Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú (PP), y Frente Amplio (FP), mientras que el Partido Morado (PM) y una mayoría de Somos Perú (SP) se ha mostrado en contra.

Tras hacerse oficial su destitución, Vizcarra lamentó que en el Congreso no se haya impuesto “la razón”, sino “el número de votos de los representantes del pueblo”, a quienes ha acusado de haber olvidado “a quien representan”.

“Hoy dejo Palacio de Gobierno, hoy me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión”, ha expresado Vizcarra a las puertas de la sede del Ejecutivo.

Vizcarra ha insistido durante su comparecencia en su inocencia y ha señalado que “muy pronto se sabrá” si esta decisión de expulsarle de la Presidencia se llevó a cabo pensando en “lo mejor para Perú”, o “si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal”.

Horas antes, durante su defensa en el Congreso, Vizcarra ha criticado que la moción de censura sea utilizada “como arma política” cada vez que se presenta una denuncia en su contra y ha defendido, además de su inocencia, que la gobernabilidad de Perú “no puede estar bajo amenaza permanente”.

“Perú, para afianzar su futuro, requiere estabilidad, orden y unidad. Pero, sobre todo, requiere que sus fuerzas políticas actúen con sabiduría, prudencia y sentido de responsabilidad”, ha dicho Vizcarra antes de la votación, informa el diario ‘El Comercio’.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, asumirá la Presidencia de manera interina, tal y como contempla la Constitución del país, y ha avanzado que la fecha de elecciones se mantendrá en el 11 de abril de 2021, tal y como ya fijó Vizcarra el pasado mes de julio.

“Se ha hecho lo que establece la Constitución”, ha señalado Merino, quien asumirá el cargo de jefe del Estado este martes. “Pido tranquilidad a todos los peruanos y fundamentalmente a los medios de comunicación pedirles que colaboren porque el país está por encima de todos”, ha demandado.

En las últimas horas, la prensa peruana difundió nuevas informaciones acerca de los cobros ilegales que Vizcarra habría recibido de la constructora Obrainsa cuando era gobernador de Moquegua, lo que habría decantado el resultado de esta última moción de censura en su contra, que en las últimas semanas no parecía contar con los apoyos necesarios.

Unas acusaciones, defendió Vizcarra, “sesgadas” y “tendenciosas” con “el objetivo principal dañar la confianza” que el país depositó en él “a menos de 24 horas” de que el Congreso tuviera que tomar esta decisión.

Los medios de comunicación peruanos publicaron el fin de semana una serie de mensajes que el ya destituido presidente se intercambió desde 2013 con el que fue ministro de Agricultura, José Hernández (2016-2018), y en los que se trataban varios asuntos, entre ellos, la moción de censura contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el cobro de sobornos.

Hasta tres aspirantes a colaborador del equipo especial Lava Jato, entre ellos un antiguo alto cargo de Obrainsa –vinculada con la brasileña Odebrecht–, afirman que Vizcarra habría recibido unos 543.000 euros en sobornos a cambio de un proyecto de irrigación en 2013, y de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital.

Estos señalamientos se encuadran dentro de la investigación del llamado caso ‘Club de la Construcción’, un consorcio de empresas que desde 2001 habrían estado sobornando a funcionarios públicos para lograr contratos por todo el país.

AgenciaUno/EP