Para clarificar y desmentir los planteamientos del Ministerio de Hacienda en la sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto del pasado miércoles 11 de noviembre, el Consejo de Rectores dio a conocer una Minuta Técnica que se focaliza en tres temas centrales: la disminución de financiamiento en programas de Educación Superior, la transparencia y rendición de cuentas de las universidades, y el supuesto aumento de remuneraciones en las universidades.

El documento fue dado a conocer este domingo 15 de noviembre por el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, en conjunto con los máximos representantes de las distintas agrupaciones: el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; el presidente de las Universidades Públicas No Estatales (G-9) y rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán; y el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza.

“No podemos aceptar las afirmaciones de autoridades de Gobierno en el marco de la discusión del Presupuesto 2021, que reiteradamente han intentado generar desconfianza y desacreditar a las universidades del Consejo de Rectores para trabar cualquier avance en la discusión de los recursos que se requieren para garantizar la sustentabilidad de nuestras instituciones. Esto es grave, pues lo señalado da cuenta de opiniones alejadas de la realidad y no de hechos, y además reflejan desconocimiento de los mecanismos a través de los cuales las universidades del CRUCH entregan información de manera periódica y transparente de su accionar académico, administrativo y financiero”, señaló Zolezzi.

La minuta ofrece antecedentes relevantes que permiten clarificar los tres aspectos que el Ministerio de Hacienda ha cuestionado sistemáticamente durante la discusión del Presupuesto 2021 para Educación Superior. Este documento fue elaborado por las Comisiones de Financiamiento y Jurídica del CRUCH, que lidera el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra.

El primer punto se refiere a la disminución de montos en programas de Educación Superior. Al respecto, durante la Comisión Mixta de Presupuesto del pasado 11 de noviembre, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que “cuando se habla de (reducciones de) $40 mil millones de ingresos, había $30 mil millones que iban a caer, porque las iniciativas a las que estaban asociadas se terminaban. En consecuencia, (…) la caída es de 10 mil millones”.

La Minuta Técnica del Consejo de Rectores demuestra que la afirmación del ministro Briones no se sustenta con las cifras publicadas por la misma Dirección de Presupuesto, ni responde a decisiones que hayan sido conocidas previamente por parte de las universidades. En las asignaciones correspondientes a las Universidades del Estado y de Universidades Públicas No Estatales G-9, se observa una reducción cercana a los $42 mil millones en fondos basales. Aunque algunos de ellos son asignados por medio de postulación anual de proyectos, su monto total es permanente y no se encuentran asociados a programas que a priori contasen con una duración específica, tal como dio a entender el ministro.

El segundo punto aborda la transparencia y rendición de cuentas. En este ámbito, las autoridades de Hacienda han sido insistentes en aseverar una supuesta falta transparencia y rendición de cuentas de nuestras universidades, afirmaciones que no solo no son efectivas, sino que reflejan un profundo desconocimiento acerca de los mecanismos a través de los cuales las universidades dan cuenta de manera periódica y transparente de su accionar académico, administrativo y financiero.

Las universidades estatales son las instituciones con mayor regulación del sistema de educación superior, al ser parte de las entidades que conforman el sistema de la Administración Pública de Chile. Además de los controles aplicables a todas las Instituciones de Educación Superior (IES) a través del Ministerio de Educación (Mineduc), a estas universidades se les aplica toda la normativa pública vigente y el control permanente de la Contraloría General de la República (CGR), que además realiza un programa anual de auditorías temáticas y auditorías no planificadas a las 18 universidades estatales.

La CGR realiza control de todos los actos que signifiquen hechos económicos relevantes en las universidades estatales y también dispone de una base de datos actualizada y detallada de todas las personas que tienen vínculos contractuales con estas universidades.

Más aún, las universidades estatales deben entregar cada tres meses una cuenta detallada de su gestión financiera, contable y presupuestaria a la CGR, complementada además con informes de gestión. Semestralmente esta información se proporciona además al Mineduc y al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento del Decreto 180, que regula el sistema presupuestario de las universidades que reciben Aporte Fiscal Directo.

Adicionalmente, los estados financieros de las universidades estatales son auditados anualmente por empresas auditoras externas registradas en la Comisión para el Mercado Financiero CMF bajo Normas IFRS y forman parte de la profusa información financiera, contable y presupuestaria disponible en sus portales web en la modalidad de Transparencia Activa.

Por su parte, las Universidades Públicas No Estatales del CRUCH, agrupadas en la red G-9, desde hace varios años cuentan con diversas prácticas de accountability, además de modelos de organización y gestión en los ámbitos financieros y administrativos.

Específicamente, en materias de gestión financiera y de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.091, las universidades del G-9 dan cuenta de su actuación a la Superintendencia de Educación Superior. Además, rinden todos los gastos asociados a fondos públicos a la Tesorería General de la República, siendo sujetos de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de administración financiera del Estado.

Por último, el tercer foco de críticas por parte del Ejecutivo se ha centrado en el eventual aumento de las remuneraciones en las universidades receptoras de aportes fiscales. En este punto es importante precisar que el aumento del gasto por remuneraciones viene acompañado de un importante contexto que la autoridad omite.

El Ministerio indica que el aumento en el gasto de remuneraciones en las Universidades Estatales es del 14,7% en el período 2016-2019 y un 8,3% en el caso de directivos entre 2018 y 2019, sin considerar la creación de las universidades de Aysén y O´ Higgins, ni la actualización de las remuneraciones de acuerdo al reajuste del sector público -solo este factor explica más de 2 puntos porcentuales en el período analizado-. Tampoco considera la aplicación de las leyes Nº20.996 y Nº21.043 de incentivo al retiro -en aplicación desde 2017- y que contemplan una bonificación adicional de hasta 11 meses de la renta mensual cuando un académico o funcionario se acoge a retiro al cumplir 65 años y que se imputa a remuneraciones, ni el aumento de un 6,7% de la matrícula total que experimentaron las instituciones del CRUCH en el mismo período, lo que requiere de mayor personal académico y administrativo.

“De esta manera, son incomprensibles las afirmaciones de Hacienda y creemos que ellas sólo buscan desprestigiar a instituciones serias y responsables en el uso de sus recursos”, concluyó el vicepresidente ejecutivo del CRUCH.