Este viernes, la Defensoría de la Niñez dio a conocer la segunda cuenta pública desde su existencia y el Informe Anual 2020. Este último es un mandato legal de la institución, que busca relevar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el país, y es entregado a los tres poderes del Estado.

Este Informe Anual, al igual que la gestión de la Defensoría de la Niñez en el periodo julio 2019 – junio 2020, están marcados por la crisis social vivida en Chile a partir del estallido del 18 de octubre, así como también por la pandemia del Covid-19 y el confinamiento.

Ambas situaciones afectaron a todos los habitantes del país, pero especialmente a niños, niñas y adolescentes. “El análisis de cada uno de los capítulos de este Informe deja en evidencia ciertos avances, pero, sobre todo, la persistencia de brechas y falencias profundas y estructurales, cuyo abordaje y solución urgen en diversos ámbitos en los que niños, niñas y adolescentes se desenvuelven”, dice al respecto Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.

Dividido en tres partes, el Informe Anual 2020 de la Defensoría de la Niñez comienza con la cuenta pública de la institución. Aquí, además de enfatizar el rol y funciones del organismo, como ente autónomo de derechos humanos, se describen las principales acciones y cometidos del último año, entre las que destacan el envío de 331 recomendaciones a distintas entidades (organismos de los tres poderes del Estado, organismos privados, internacionales, autónomos y municipios), observaciones y recomendaciones a 14 proyectos de ley en discusión y participación en 28 sesiones del Congreso, 293 acciones judiciales (247 denuncias ante el Ministerio Público, 27 querellas, 10 amicus curiae, 7 recursos de protección, 2 recursos de amparo), 23 visitas a residencias o centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, publicación de 5 estudios, recepción de más de 2.800 requerimientos de niños, niñas o adolescentes y de la ciudadanía en general, instalación de 4 oficinas macrozonales, y una serie de acciones en el ámbito de la promoción de derechos, como el programa de TV “Somos los niños”, la puesta en marcha del Plan para la promoción y difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y la contribución a la formación de la alianza “Mi Voz Cuenta”, integrada principalmente por adolescentes.

La segunda parte del Informe se dedica a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el estallido social. Bajo el subtítulo de “Vulneraciones y afectaciones que requieren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, se detallan tres capítulos.

El primero de ellos describe cómo este grupo de la población ha sido vulnerado en sus derechos en este contexto y, para muestra, señala que la Defensoría de la Niñez recibió, al 30 de junio de 2020, 818 denuncias de hechos que constituyen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. De esa cifra, un 92% de las denuncias se imputa la agresión o vulneración a un funcionario policial de Carabineros de Chile; un 51% del total de casos corresponden a niños, niñas y adolescentes que se encuentran vinculados a la red Sename; un 44,6% reportó como principal vulneración las lesiones físicas por golpes, un 15,8% lesiones por balín o perdigón, un 7,8% reportó lesiones físicas por gas pimienta o lacrimógenas y 2,1% se trata de casos de lesiones de trauma ocular. Además, se recibieron 71 casos de violencia sexual, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También en esta segunda parte, se dedica un capítulo completo a los testimonios de 14 adolescentes que relatan en primera persona las vulneraciones vividas en el estallido social. “Creemos en que éste es un necesario ejercicio de memoria reciente y se realiza a partir de las propias voces de los afectados(as), quienes dan cuenta de las secuelas físicas y psicológicas que permanecen a varios meses de ocurridos los acontecimientos, y en casi la totalidad de ellos el reconocimiento, la verdad, justicia y reparación siguen pendientes”, dice la Defensora de la Niñez.

Además, el Informe incluye los principales resultados de dos estudios sobre la afectación y opiniones de niños, niñas y adolescentes como testigos y partícipes de la crisis social en Chile. Para finalizar esta parte del Informe, se realiza un análisis de las acciones del Estado para abordar la crisis social y vulneraciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. A través de una metodología de seguimiento de las recomendaciones, la Defensoría de la Niñez concluye un escaso avance en el cumplimiento de las recomendaciones que propendan a lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Para cerrar el Informe Anual 2020, la Defensoría de la Niñez presenta la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile. A través de cinco capítulos se realiza un análisis de los ámbitos de educación; niñez y adolescencia bajo el cuidado del Estado; participación en el proceso constituyente; derecho al juego y deficiencias del Estado como garante de la efectivización de derechos.

Respecto del capítulo “Niños, niñas y adolescentes bajo cuidado de un Estado en crisis”, se centra en analizar su situación de vida desde la implementación del Mecanismo de Observación y Seguimiento desarrollado por la Defensoría de la Niñez en este tiempo. “Las vulneraciones sufridas por ellos y ellas son una manifestación de la profunda contradicción e incumplimiento del deber que ha adquirido el Estado de Chile, en tanto directo y exclusivo responsable de su protección, considerando su especial vulnerabilidad y las dificultades que enfrentan sus familias para brindarles dicha protección”, comenta Patricia Muñoz. En este capítulo se ofrece una revisión de la situación en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección y de aquellos que están en centros privativos de libertad, se describen los principales nudos críticos y falencias y realizan una serie de recomendaciones.

En el capítulo de educación, se destaca cómo las crisis social y sanitaria en Chile han expuesto la urgencia de resolver la fragilidad en que se encuentra el ejercicio del derecho a la educación para los grupos más vulnerables. Mientras que, con foco en el mismo contexto, especialmente en el confinamiento provocado por la pandemia, otro de los capítulos aborda el derecho al juego, la recreación y el ocio como elementos claves para el desarrollo armonioso e integral de todo niño, niña y adolescente.

Además, en relación al proceso constituyente que vive el país, se evidencia la deuda histórica en el reconocimiento del derecho de participación de niños, niñas y adolescentes, vislumbrando el actual proceso como una importante oportunidad para que el Estado reconozca que los NNA son sujetos de derechos y el rol fundamental que tuvieron las y los adolescentes en la construcción de una nueva carta fundamental, debiéndose reconocer e implementar mecanismos de participación efectiva en él.

Finalmente, el capítulo “Deficiencias del Estado como garante de la efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes” realiza un repaso a la manera en que el Estado chileno, a través de los años y de la diversa institucionalidad con que cuenta, no ha priorizado, de manera real y no sólo discursiva, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Desde esta misma mirada, se examina el proceso de formulación e implementación del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia.