El líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, acusó “persecución jurídica con fines políticos” luego de conocerse su inhabilidad en el Servicio Electoral (Servel) para poder votar.

“Hace 6 años se inició una investigación en mi contra por supuestos delitos en materia de financiamiento irregular para la actividad política. Posteriormente, fui formalizado. He venido esperando –pacientemente- por un juicio justo todos estos años. Un juicio donde ante un juez imparcial, pueda demostrar la falsedad de las acusaciones en mi contra. Y demostrar a mis compatriotas que no hay otra razón para esta persecución, que el interés de afectar mi rol político”, explicó en una declaración pública.

Según dijo el excandidato presidencial: “No existe ningún depósito irregular en mis cuentas personales, ni de familiares, ni de sociedades jurídicas. No me he enriquecido con la actividad política. No he evadido impuestos personales ni de sociedades mías. No he cometido fraude alguno. No he pedido dinero irregular a nadie”.

“Incluso, en el bullado caso del uso del avión, fue la propia fiscal quien reconoció en audiencia y ante un tribunal, que el hecho no tiene carácter delictivo. Se infringe la propia ley al acusarme por supuestos delitos en la rendición electoral de 2013, cuando la misma normativa establece que el candidato no tiene relación alguna, con la misma”, agregó.

Asimismo dijo que “soy el único candidato en la historia electoral de Chile que se le acusa por una rendición electoral y resulta evidente que estamos ante un caso de lawfare o persecución jurídica con fines políticos. Hoy me he enterado que producto de estas acusaciones que esperan juicio hace 6 años, estaré suspendido para votar en las próximas elecciones de delegados a la Convención Constitucional”, apuntó.

Además sostuvo que “lamento no poder hacerlo, más aún cuando -como diputado- lideré una comisión para la reforma política que propuso avanzar en nueva Constitución. Planteé en la campaña de 2009 la necesidad de una nueva Constitución; publiqué un libro sobre una Nueva Constitución en 2011; propuse y llamé a marcar en 2013 por una Asamblea Constituyente para Nueva Constitución. Incluso, en la segunda vuelta señalé que mi candidata era la Asamblea Constituyente. Lo mismo hice el 2017. Durante años ha sido mi batalla, convencido de que los problemas del país, radican -muchos de ellos- en la carta fundamental heredada de la dictadura”.

Por ello, “ante esta nueva injusticia, le he pedido a mis abogados recurrir a todas las instancias legales para resguardar a la brevedad, un juicio justo y su debido proceso”, concluyó.