La bancada de diputadas y diputados del PPD lamentó que el Gobierno una vez más amenace con acudir al Tribunal Constitucional (TC), esta vez por el proyecto de ley que anula la Ley de Pesca, que hoy fue aprobado por la Cámara en su votación en general.

“La historia del mar chileno es una de maltrato y depredación, no es un tema de ahora. El Estado chileno es cómplice y la Ley Longueira es otra complicidad que le entrega el mar a las grandes industrias para seguir depredando. ¿De qué forma estamos protegiendo los océanos? ¿Con leyes corruptas como la ley Longueira? Escuchaba al ministro de Economía decir cuáles son los peligros de anular la ley. Si están todos estos problemas, entonces presenten una ley urgente, ya que ésta la vamos a anular, que de verdad cautele los intereses de los chilenos, el mar y el territorio”, afirmó la diputada Cristina Girardi, una de las autoras de la iniciativa.

Por su parte, el diputado Ricardo Celis señaló que “ésta es una ley corrupta en su origen, por eso la gente ha pedido a gritos que la anulemos. Esta ley es el ícono en las calles, en los rayados de las ciudades, de la corrupción que se metió en el Congreso de nuestro país. Algunos hablan que somos potencia mundial, pero el oligopolio ha impedido que los pescadores artesanales, los lafquenches y los ciudadanos podamos disfrutar de todo lo que el mar ofrece Las 21 pesqueras tienen sobre el 75% de la pesca en jurel, sardinas, anchoveta”.

En tanto, el jefe de bancada, Raúl Soto, sostuvo que “lamentamos una vez más la decisión errada del presidente Piñera de amenazar con llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de ley que deroga la ley de pesca, sobre todo en el contexto que estamos en nuestro país, desde el punto de vista de la credibilidad y legitimidad de las instituciones”.

“Tenemos que dar certezas de que los procesos de construcción de la ley sean lo más transparente y legítimo posible, y acá el problema es que la ley de pesca posee una ilegitimidad de origen, y en ese sentido creemos que se debe respetar la voluntad del Congreso, la decisión soberana de un poder del Estado de anular esta ley”, concluyó el diputado Soto.