Una decena de organizaciones de migrantes, parlamentarios de oposición y los abogados constitucionalistas Patricio Zapata, Martín Canessa, Jaime Bassa y Jaime Gajardo presentaron este martes un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de ley de Migración y Extranjería, por considerar que éste contiene normas que restringen los derechos de las personas, entre ellos, niños, niñas y adolescentes.

Eduardo Cardoza, del Movimiento Acción Migrante (MAM) y la Red Nacional de Migrantes y pro Migrantes; Catalina Bosch, de la Coordinadora Nacional de Migrantes, y Cristian Orrego, del grupo de incidencia del proyecto, leyeron una declaración conjunta en representación de organizaciones donde señalaron que “compartimos la necesidad de actualizar la normativa migratoria de Chile”.

“Sin embargo, nos parece que el proyecto de ley impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera no avanza en el sentido correcto. Muy por el contrario, algunas de las normas propuestas representan graves restricciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes y, entre ellos, de niños, niñas y adolescentes. Otras, por su parte, contravienen principios básicos que rigen los procedimientos administrativos sancionatorios, así como el principio de reserva legal”, añadió.

En total son 13 los artículos los que se busca impugnar. Entre ellos destacan la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues no habría “una protección a la niñez cuando esta acompaña a una persona que es retornada o es expulsada y, además, desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan”.

Además, indicaron, “se crea el Servicio Nacional de Migraciones, sin embargo, mantiene la potestad al Subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida, sino meramente por razones de seguridad interior o exterior las que calificaría él mismo, por sí y ante sí”.

La diputada Catalina Pérez indicó que “nos preocupa profundamente la política migratoria que ha decidido empujar este Gobierno. Durante toda la tramitación, diversos parlamentarios de oposición manifestamos nuestros reparos de lo que será una política migratoria que no se hace cargo del fenómeno migratorio en Chile con un foco de Derechos Humanos. Necesitamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la evidente violación de DD.HH de la aprobada legislación que retrocede en materia de derechos fundamentales. Estamos frente a un Gobierno que ha utilizado la migración en términos populistas para no hacerse cargo de crisis que actualmente existe en nuestro país”.

Por su parte, el diputado Boris Barrera, afirmó que el proyecto en cuestión es un retroceso en la actual legislación, “incluso peor respecto de lo que había desde la dictadura. A parte de violar una serie de derechos, creemos que la migración no se termina por ley. La migración es un derecho que las personas realizan por necesidad y, por tanto, el establecer o intentar cerrar las fronteras con una ley va a incentivar el flujo de manera irregular”.

El abogado constitucionalista y patrocinante, Patricio Zapata, indicó que las diputadas y diputados que sustentan el requerimiento “no traen al Tribunal Constitucional una discusión sobre mejores políticas, sino un asunto estrictamente de Derechos Humanos, de un sector de nuestra población particularmente débil desde el punto de vista de sus redes, de su capacidad de influencia, de defensa”.

“Estos diputados no traen al Tribunal Constitucional una cuestión opinable, sobre qué es mejor, lo que están trayendo es una cuestión de principios. Todos los artículos que se objetan es porque se discrimina o porque se priva del derecho al debido proceso. Cuando se afectan los derechos parece importante que se haga el punto y se denuncie que se está tratando distinto a unos habitantes de nuestra tierra que a otros”, agregó.

En esa línea, el abogado Jaime Gajardo afirmó que lo que hace la ley Migración y Extranjería es “afectar los derechos fundamentales de un conjunto de la población que habita en nuestro país y de manera grave. Ahí estamos pidiendo al TC que ejerza su función y proteja los derechos de las personas que se están viendo vulneradas en sus derechos más básicos, personas adultas y también niñas y niños”.

El requerimiento de inconstitucionalidad fue apoyado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes (ambas agrupan a cerca de 100 organizaciones), el Movimiento Acción Migrante, Rizoma Intercultural, Colectivo Sin Fronteras, Núcleo de estudios criminológicos la frontera (UNAP), cátedra de Racismo y migraciones contemporáneas de la U. de Chile, el Colectivo Migra de Talca, entre otras.