La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado que se han producido abusos de los DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto en la región etíope de Tigray, donde continúan los combates, y ha pedido acceso sin restricciones no solo para hacer llegar asistencia humanitaria sino para poder investigar de forma independiente lo ocurrido.

“Hemos recibido denuncias respecto a violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, incluidos ataques de artillería sobre zonas pobladas, ataques deliberados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales y saqueos generalizados”, ha explicado Bachelet en un comunicado.

Estas informaciones, ha subrayado, apuntan a que las partes en el conflicto, el Ejército etíope y las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), “no habrían protegido a los civiles”. “Esto es aún más preocupante por el hecho de que los combates continuarían, particularmente en algunas áreas del norte, el centro y el sur de Tigray”, ha añadido.

Entre las informaciones recabadas por la oficina de Bachelet, testigos han relatado disparos de artillería sobre la ciudad de Humera, en la frontera con Eritrea, entre el 9 y el 11 de noviembre. Algunos de ellos han señalado que los proyectiles fueron lanzados desde Eritrea y alcanzaron zonas residenciales y el hospital.

Tras ello, el Ejército etíope, junto con las fuerzas de la región de Amhara y milicias, tomó el control de la ciudad, matando presuntamente a civiles y saqueando el hospital, bancos, negocios, supermercados y viviendas particulares.

También hubo ataques de artillería contra Adigrat a principios de noviembre que obligaron a huir a muchas familias a las montañas, donde quedaron atrapadas en medio de los intensos combates entre el 20 y 24 de noviembre y muchos murieron.

Bachelet también se ha referido a la matanza registrada el 9 de noviembre en Mai Kadra, donde la Comisión de Derechos Humanos Etíope denunció la muerte de al menos 600 personas, la mayoría de las cuales serían de etnia amhara.

“Si hubo civiles deliberadamente asesinados por una parte o partes en el conflicto, estos asesinatos equivaldrían a crímenes de guerra y tiene que haber investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y transparentes para la rendición de cuentas y garantizar la justicia”, ha defendido. Según Bachelet, es “fundamental” que se investiguen las violaciones de Derechos Humanos que se cometieron en esta localidad “tanto contra amharas como contra tigrays”.

Por otra parte, la oficina de la jefa de Derechos Humanos de la ONU también ha recibido informaciones de que la milicia amhara ‘Fano’ habría cometido abusos, incluido el asesinato de civiles y saqueos, así como información, que no ha podido verificar, de la presencia de tropas eritreas en Tigray y su implicación tanto en las hostilidades como en los abusos.

Aunque se están comenzando a restablecer las comunicaciones tras el apagón que comenzó el 4 de noviembre con el inicio de la ofensiva militar sobre Tigray, la oficina de Bachelet apunta que la situación de Derechos Humanos y humanitaria podría ser incluso peor a lo que se teme y que estos abusos podría ser “solo la punta del iceberg”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno etíope ha acusado repetidamente al TPLF, que gobernaba hasta ahora Tigray, de hacer cometido graves violaciones del Derecho Internacional, pero sin acceso es complicado verificarlo.

“Esto pone de manifiesto la necesidad de que observadores de Derechos Humanos independientes tengan acceso a Tigray para evaluar de forma adecuada el sufrimiento humano resultante del conflicto, verificar las acusaciones y ayudar a garantizar la rendición de cuentas por las violaciones”, ha defendido Bachelet.

“Lo que ha ocurrido en Tigray en estas últimas siete semanas es tan desgarrador como horrible. Pese a los esfuerzos iniciales del Gobierno etíope de ofrecer ayuda humanitaria en algunas zonas, es vital que asistencia vital sea entregada a toda la población civil sin mayor demora”, ha reclamado, insistiendo en que el acceso acordado con la ONU debe ser “a todas las zonas en las que los civiles se han visto afectados” por las hostilidades.

Además, ha subrayado que “para evitar la continuación del conflicto y la pérdida de vidas, Etiopía debería abordar sus divisiones étnicas de larga data mediante la rendición de cuentas, el diálogo inclusivo, la reconciliación y el respecto de los Derechos Humanos”.

Una de las consecuencias del conflicto ha sido que más de 52.000 etíopes han buscado refugio en el este de Sudán. “Pese a que el número de nuevas llegadas ha caído más recientemente a unas 500 al día, las organizaciones humanitarias se enfrentan a una emergencia humanitaria a gran escala en una zona muy remota que no había visto tal flujo de refugiados en décadas”, ha explicado Babar Baloch, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Ante esta situación, la agencia de la ONU junto con otros 30 socios humanitarios ha solicitado este martes 156 millones de dólares para poder cubrir las necesidades básicas durante la primera mitad de 2021 de hasta 115.000 refugiados y 22.000 personas de las comunidades de acogida. Con ello, apoyará también a los gobiernos de Sudán, Yibuti y Eritrea a mantener y facilitar el acceso al asilo y la provisión de asistencia a “quienes se han visto obligados a huir”, ha precisado.

Según Baloch, desde el 14 de noviembre hasta ahora, más de 20.000 refugiados han sido trasladados desde las zonas fronterizas hasta el campo de Um Rakuba, situado a 75 kilómetros de la frontera. Sin embargo, dado que su capacidad está llegando al límite, ACNUR y sus socios “empezarán la próxima semana los trabajos preparatorios de un luego lugar situación a unos 136 kilómetros de la localidad de Gadarif”.

AgenciaUno/EP