Un tribunal británico decide este lunes si extradita a Estados Unidos al fundador del portal de información Wikileaks, Julian Assange, acusado de espionaje por las autoridades norteamericanas por difundir documentos confidenciales en un caso sin precedentes bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917.

Assange, de 49 años, comparece acusado de 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo informático en el último episodio de una larga saga.

El ciudadano australiano fue arrestado en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se le concedió asilo en 2012, para evitar ser arrestado después de que la Interpol emitiera una orden de arresto en su contra por denuncias de violación en Suecia, investigación que luego fue retirada.

Finalmente, a finales del mes de octubre y tras cuatro semanas de sesión, la magistrada Vanessa Baraitser anunció que este lunes pronunciaría sentencia contra Assange en el Tribunal Penal Central de Londres, el Old Bailey. El fundador de Wikileaks se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.

En el meollo de la cuestión se encuentra una serie de documentos entregados por la exmarine estadounidense Chelsea Manning en 2010, entre ellos, por ejemplo, un video de 39 minutos de un helicóptero Apache del ejército estadounidense disparando y matando a más de una docena de iraquíes, incluidos dos periodistas de Reuters.

Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información.

En una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un experto independiente en derechos humanos de la ONU le pidió al mandatario que perdonara a Assange.

“El señor Assange ha sido privado arbitrariamente de su libertad durante los últimos diez años”, escribió Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “Este es un alto precio a pagar por el coraje de publicar información veraz sobre la mala conducta del gobierno en todo el mundo”, indicó.

El relator argumentó que Assange nunca había pirateado, robado o publicado información falsa, ni había causado daño a la reputación a través de una mala conducta personal, y señaló que, aunque se esté de acuerdo o en desacuerdo con sus publicaciones, “claramente no pueden considerarse delitos”.

Assange podría ser condenado a hasta 175 años de prisión bajo “Medidas Administrativas Especiales”, una versión particularmente dura del confinamiento solitario, aunque se espera que Wikileaks apele una posible extradición, lo que significa que su traslado a Estados Unidos podría prolongarse por tiempo no especificado.

AgenciaUno/EP