En agosto de 2018, el Gobierno ingresó al Senado un proyecto que busca fortalecer la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza. Tras casi dos años de análisis, la Cámara Alta lo rechazó en su idea de legislar, en julio pasado.

Este martes, el Ejecutivo hizo uso ante, la Cámara de Diputados, del mecanismo constitucional de la “insistencia”, que busca la reintegración del trámite legislativo de una iniciativa descartada en general en la cámara de origen.

La norma fue rechazada tras reunir 75 votos a favor, 62 en contra y ocho abstenciones. Para su aprobación se requería del voto conforme de dos tercios de los/as diputados/as presentes, esto era, 97.

Tras esto, ahora resta comunicar del resultado al Senado y al Ejecutivo, que no podrá presentar una propuesta nueva sino hasta un año más.

La iniciativa proponía brindar protección a la industria forestal, reforzando los mecanismos de control y prevención de la sustracción de madera en troza, para lo cual modificaba la Ley del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de modo de traspasar facultades hoy vigentes para dicha entidad a la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

También buscaba crear un tipo penal específico que castigaba la citada conducta y sancionaba a quien falsifica o hace uso malicioso de certificados falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera.

De igual modo, disponía el comiso de las especies sustraídas, así como de los vehículos, maquinarias y herramientas empleadas; incorporaba la sustracción de madera en troza como uno de los tipos bases del delito de receptación; y posibilitaba utilizar en la indagatoria técnicas especiales de investigación.