La Federación Nacional de Acceso a la Justicia, FENADAJ, que agrupa a más de dos mil trabajadores

de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) que cada año atienden en 368 centros a más de 660 mil víctimas de delitos que no pueden pagar abogados, advirtió que “un proyecto que no cuente con el financiamiento ni garantice condiciones dignas de trabajo es sólo una declaración de buenas intenciones que no asegura su concreción en la práctica. Es letra muerta”.

Así lo enfatizó la presidenta de la Federación, Claudia Fachinetti, tras la firma del proyecto de Ley con que el Presidente Sebastián Piñera crea un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos para unificar el trabajo realizado hasta ahora desde las cartera de Justicia, con las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, sus programas Mi Abogado, especializado en niñxs y adolescentes y la Defensa del Adulto Mayor, y del Ministerio del Interior, con otro Programa de Apoyo a Víctimas.

Trabajadores de las CAJs, que entregan estas asesorías judiciales en lo penal, laboral, familiar e infancia, tienen un presupuesto de menos de $48 mil millones anuales (U$ 68 millones), “lo que significa que cada atención cuenta apenas con un presupuesto promedio de $72.000 (U$ 102) anuales por víctima, muchas de estas multidisciplinarias y de largo plazo que superan con creces este monto”, explicó la dirigente, quien además protestó por no haber sido considerados en el trabajo de la iniciativa, pese a las insistencias.

“El Ministerio de Justicia y DDHH trabajó este proyecto a espalda de lxs trabajadores. La FENADAJ ha impulsado de manera permanente un nuevo servicio que garantice el Acceso a la Justicia a los grupos vulnerables de forma integral, y así lo hicimos saber a las autoridades en enero del 2020 cuando nos enteramos por la prensa de la intención de trabajar en este proyecto”, dijo Fachinetti antes de agregar que, a la fecha, las autoridades del ministerio “no han querido darnos a conocer el proyecto siendo que atendemos a víctimas en 368 centros de Arica a Punta Arenas”, agregó la presidenta de la FENADAJ.

La dirigente recordó que “en el 2018 nos felicitaron por lograr 77% de resultados favorables en tribunales, mismo año que la Defensoría Penal Pública atendió 319.738 imputados de delitos, con un presupuesto de $60 mil millones anual. Nosotros, con $46 mil millones atendimos ese año 661.244 usuarios”, agregó

Fachinetti precisó, además, que “estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional”.