Con la decisión de abrir “un espacio de diálogo y análisis permanente en torno a la agenda de Seguridad Pública, impulsando la creación de una Comisión Bicameral” concluyó la Sesión Especial del Senado, convocada para abordar estas materias, especialmente, después de un recrudecimiento de hechos de violencia delictual. Así lo dio a conocer la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, al término de la sesión que prolongó por más de tres horas.

La sesión estuvo marcada por el violento asesinato del agricultor de Victoria, Orwald Casanova, en la región de La Araucanía; así como por un intenso operativo que, en forma paralela, se desarrollaba en la localidad de Temucuicui y donde varios detectives de la PDI, resultaron heridos y, al menos uno de ellos, falleció.

Fue precisamente este último hecho el que impidió que expusiera el director de la PDI, Héctor Espinosa, dejando en su representación al prefecto Paulo Contreras. También hicieron uso de la palabra el director general de Carabineros Ricardo Yáñez; los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, Henry Campos y de la Asociación de Alcaldes de Chile, Mario Olavarría; así como el director del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.

Al inicio de la sesión hicieron uso de la palabra los senadores José Miguel Insulza y Ximena Rincón quienes recalcaron que existe consenso transversal en la necesidad de enfrentar el crimen organizado, el control del uso de armas en actos delictuales y el narcotráfico.

En ese sentido, pidieron al Ejecutivo y a las entidades especializadas “mayor información respecto a de dónde salen las armas y qué pasa con el crimen organizado y el narcotráfico, pues sobre la base de esa información adecuada podemos discutir las correspondientes modificaciones y leyes”. Además solicitaron conocer la inversión comunal en planes de seguridad.

En la oportunidad, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, precisó que “las policías pueden hacer lo que las leyes le encomiendan en materia de combate a la delincuencia”. Asimismo indicó que durante 2020 la policía uniformada detuvo a más de 527 mil personas con más de 11 mil procedimientos solo en materia de orden público, “lo que sin duda ha concentrado recursos humanos, disminuyendo contingente para otras tareas de prevención e investigación”.

En representación del Director General de Investigaciones, expuso el prefecto Paulo Contreras, quien precisó que “una de las áreas ha sido el control de drogas que ha significado la incautación de más de 23 mil kilos de drogas… así como la persecución de bandas criminales que ha significado la intervención de más de 600 en 2020. Se han incautado más de un millar de armas de fuego y en 2020 la mayor cantidad de delitos fueron medioambiente, drogas y económicos”.

En nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades expuso el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Henry Campos, quien señaló que “es importante entender que no solo basta -aunque es importante- presentar proyectos de ley para endurecer penas por diversos delitos y crear una defensoría de las víctimas creo que se requiere un debate con todos los actores, incluyendo Aduanas, la Armada… Hoy tenemos que abordar también una reforma a las policías”.

Por su parte, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, en su calidad de presidente de la Asociación de Alcaldes de Chile, manifestó su preocupación por el aumento de la violencia delictual con balaceras, encerronas y otros hechos que van generando un ambiente de inseguridad, impunidad y preocupación. “Son delitos que han ido mutando y mi impresión es que durante muchos gobiernos ha habido una mano bastante blanda con el narcotráfico que finalmente, es el que está detrás de estos hechos”.

En nombre del Servicio Nacional de Aduanas intervino su director, José Ignacio Palma, quién contextualizó que su servicio “no tiene atribuciones para prohibir importación de armas de réplica o de fogueo que ingresan como juguetes. Cuando la mercancía ingresa lícitamente, las atribuciones ya ceden hacia otras instituciones. Todo el proceso que da origen a la importación de fuegos artificiales y de armas, debe ser autorizada por la Dirección General de Movilización Nacional”.

Po su parte, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, valoró el proyecto para combatir el crimen organizado y aseveró que “creemos que ambas policías deben tener idénticas facultades para fiscalizar la tenencia de armas y que han incidido en el aumento de la violencia de los delitos y de la tasa de homicidios”. Agregó que “el Ministerio Público ha ampliado el ámbito de acción de las unidades de investigación incorporando el tema de las armas y la persecución de las organizaciones de narcotráfico”.