Amnistía Internacional reclamó este lunes al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que cumpla su promesa de 2009 de cerrar la prisión de Guantánamo cuando llegue a la Casa Blanca, y volvió a denunciar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en las instalaciones.

La ONG ha resaltado en un nuevo informe las violaciones cometidas contra los presos, incluida la falta de atención médica adecuada y la ausencia de juicios con las debidas garantías procesales, al tiempo que ha recordado que los traslados se han paralizado, lo que afecta incluso a personas cuya liberación fue autorizada.

Así, ha manifestado que los tres últimos inquilinos de la Casa Blanca han abogado durante los últimos 20 años por “localizar una instalación de detención y llenarla” –bajo George W. Bush– a “revisar las detenciones y cerrar las prisiones –con Barack Obama– y “mantenerla abierta y prepararla para recibir más detenidos” –con Donald Trump–, sin que se haya abordado el “fantasma del Derecho Humanitario”.

Amnistía ha recordado que Biden dijo durante la Conferencia de Seguridad de Munich de 2009, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, que “se respetarán los derechos de los que sean llevados ante la justicia y se cerrarán las instalaciones en la bahía de Guantánamo”. “Doce años después, mientras se prepara para entrar en la Casa Blanca como presidente, tiene la oportunidad de hacer realidad esas palabras. Debe aprovecharla”, ha dicho.

En este sentido, la organización ha hecho hincapié en que “es necesaria una nueva urgencia y energía, acompañadas de un verdadero compromiso con la verdad, la rendición de cuentas y las compensaciones, así como un reconocimiento de que este asunto no debe seguir prolongándose más”.

La ONG ha recordado además que las detenciones en Guantánamo arrancaron en 2001 en el marco de la “guerra contra el terrorismo” tras los ataques del 11-S, en la que “se circunvalaron las protecciones de Derechos Humanos en la búsqueda de la recopilación de información de Inteligencia”.

“Se cometieron crímenes bajo el Derecho Internacional como la tortura y la desaparición forzosa contra detenidos mantenidos de forma deliberada fuera del alcance de los procedimientos judiciales en instalaciones secretas operadas por la CIA en otros países o en la base naval estadounidense en Cuba”, ha resaltado.

Por otra parte, ha reiterado que “los tribunales militares no deberían tener jurisdicción para juzgar a civiles” y ha añadido que “las comisiones militares son discriminatorias”, mientras que “el programa de torturas y desapariciones forzosas de la CIA estuvo reservado para extranjeros”. “Un ciudadano estadounidense, incluso imputado por los mismos delitos, no podría ser juzgado en estos tribunales”, ha señalado.

Amnistía ha reconocido que Biden “tendrá el plato lleno” debido a los “muchos asuntos urgentes a nivel social, ambiental y de justicia” a los que hará frente a su llegada a la Presidencia, si bien ha apuntado que “no estará tan lleno como para que sea incapaz de dar prioridad y cerrar las instalaciones de detención en Guantánamo”.

“No trata sólo de las 40 personas que aún están recluidas en Guantánamo, sino también de los crímenes de Derecho Internacional cometidos en estos 19 años y la permanente ausencia de rendición de cuentas por tales crímenes”, ha reseñado Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Eviatar ha sostenido que dar respuesta a esta situación y cerrar las instalaciones en Guantánamo “tiene que ver también con el futuro, ya que este año se cumple el 20 aniversario de los atentados del 11-S y la lucha por una justicia duradera”.

De esta forma, Amnistía ha dicho que “las autoridades estadounidenses deben reconocer que han tomado decisiones para priorizar la recopilación de datos de Inteligencia sobre la justicia penal” y que se cometieron violaciones de los Derechos Humanos durante este proceso.

“El Gobierno, no los detenidos, deben aceptar los costes de estas decisiones ilegales. Ahora deben utilizar todas las medidas necesarias a nivel ejecutivo y otros niveles para corregir los errores de los que es responsable y hacerlo de forma ilegal”, ha agregado.

Por ello, ha pedido a Biden que “inmediatamente” después de llegar a la Casa Blanca dicte una orden ejecutiva para el cierre de las instalaciones y que se comprometa a “la resolución total de los casos de cada uno de los detenidos a través de su traslado y liberación, sin mayores retrasos y en línea con el Derecho Internacional”.

“En caso de que haya pruebas suficientes bajo el Derecho Internacional para juzgar crímenes internacionales, debe hacerse a través de una vía judicial ante tribunales federales y sin recurrir a la pena de muerte”, ha resaltado, antes de hacer hincapié en que “los procedimientos que tengan lugar deben tener en cuenta el periodo de detención, las torturas, malos tratos y otras violaciones de los Derechos Humanos a los que haya sido sometido el detenido”.

Asimismo, ha defendido que Biden debería ordenar al Departamento de Justicia que “desista” de “adoptar posiciones en litigio” que eviten “remedios efectivos” o “la rendición de cuentas” por los abusos de los Derechos Humanos en Guantánamo o en las operaciones en el marco del programa de detenciones de Estados Unidos.

Para todo ello, ha pedido que se nombre a un funcionario “debidamente cualificado” para supervisar el cierre de Guantánamo y la resolución de los casos y que “se deje de buscar la pena de muerte contra cualquier detenido en todas las circunstancias”, además de “hacer esfuerzos más amplios para poner fin a la pena de muerte a nivel militar y federal”.

La ONG ha reclamado además a Biden que su Administración se comprometa a publicar “rápidamente” el informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención e interrogatorios de la CIA y que “reconozca que las torturas y las desapariciones forzosas son desde hace mucho crímenes bajo el Derecho Internacional” y se lleve a los responsables de los mismos ante la Justicia.

En este contexto, ha demandado al Congreso que revoque el marco legal que permite que civiles sean juzgados ante tribunales militares y la autorización para el uso de la fuerza militar aprobada en 2001, así como la aprobación de un paquete fiscal para facilitar el “rápido cierre” de Guantánamo.

Amnistía ha pedido además al Congreso estadounidense que “retire las restricciones existentes al traslado de detenidos de Guantánamo a Estados Unidos o terceros países en los que sus derechos vayan a ser protegidos” y “aplicar un programa de legislación nacional y ratificaciones internacionales para fortalecer la relación de Estados Unidos con el Derecho Humanitario”.

Por último, ha solicitado al Departamento de Justicia que no se oponga a los ‘habeas corpus’ presentados por los detenidos en Guantánamo y ha reclamado al Pentágono que “permita visitas”, incluidas las de relatores de Naciones Unidas y el Comité Internacional de l Cruz Roja (CICR), y “facilite” los traslados de presos.

Eviatar ha argüido así que “son detenciones que durante años han estado indiscutiblemente ligadas a conductas ilegales del Gobierno en múltiples niveles: traslados secretos, interrogatorios en régimen de incomunicación, alimentación forzosa en los casos de huelga de hambre, desaparición forzada y ausencia total del debido proceso”.

AgenciaUno/EP