Por amplia mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un Proyecto de Resolución presentado por la Bancada del PPD, donde se solicita al Gobierno crear la Defensoría de los Derechos del Adulto Mayor, bajo la forma de una Corporación de Derecho Público, que vele de manera autónoma por la difusión, promoción y protección de los derechos de las personas mayores, a través de los órganos del Estado y de la sociedad en su conjunto.

“Es evidente que como país no nos hemos preparado para enfrentar el envejecimiento de la población ni mucho menos, hemos desarrollado políticas públicas a largo plazo que permitan asegurar los derechos y el bienestar de las futuras personas mayores”, indicó el principal impulsor de la iniciativa, el diputado Rodrigo González.

Frente a esta situación, el parlamentario aseguró que “la pandemia del COVID-19 ha evidenciado todavía más las carencias y necesidades de nuestros adultos mayores, quienes constituyen el grupo de riesgo más vulnerable a los efectos de la enfermedad, y han debido sufrir más que ningún otro grupo etario, las consecuencias de la política de aislamiento social que el Estado ha debido implementar para frenar la ola de contagio. Por ello, esta instancia que estamos proponiendo debe contar con facultades, competencias y capacidades para actuar en tiempos de pandemia para proteger, apoyar y cautelar los derechos de los adultos mayores”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Carolina Marzán, señaló que “es urgente crear un órgano de tutela exclusiva de los derechos de personas mayores frente al Estado. Los “defensores ciudadanos” son cruciales para la protección, transparencia, participación, dignificación, en este caso, de personas en tercera y cuarta edad que constituyen un grupo que crece cada día más”.

“Ellas y ellos son constantemente objeto de abusos en su dignidad y derechos, por lo que es necesaria una institucionalidad dedicada y dirigida a su protección. Nos hemos juntando con numerosas organizaciones de personas mayores que plantean esta instancia como una de carácter esencial para el efectivo respeto y reconocimiento de sus derechos frente al Estado”, argumentó la diputada Marzán.

Por su parte, el Jefe de la Bancada del PPD, Raúl Soto, manifestó que “esperamos que el Gobierno acoja esta propuesta, y que en el corto plazo podamos contar con una Defensoría de los Derechos del Adulto Mayor, similar al que existe, en relación a la infancia, bajo la forma de una Corporación de Derecho Público. Nuestro país ha suscrito diversas declaraciones, pactos y tratados internacionales, que consagran derechos específicos de protección en favor de los adultos mayores. Es urgente que aquello lo podamos reforzar con medidas y políticas públicas concretas”.

Además firmaron la iniciativa los diputados y diputadas del PPD, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Andrea Parra, Ricardo Celis y Tucapel Jiménez, además del independiente Patricio Rosas.