El Consejo de Defensa del Estado interpuso hoy viernes la tercera querella en el marco de las investigaciones penales que se desarrollan para esclarecer millonarias defraudaciones fiscales en procesos de recambio de luminarias públicas en distintas municipalidades del país.

La acción del CDE se dirige contra quienes resulten responsables del delito de fraude al Fisco del artículo 239 del Código Penal, cometido en el contexto de la licitación y adjudicación del contrato de recambio y mantención del alumbrado público de la Municipalidad de Melipilla, indagatoria de carácter reservado a cargo de la Fiscal Regional del Ñuble. Asimismo, la acción imputa el delito de malversación de caudales públicos por un déficit financiero no declarado al momento del traspaso de la anterior administración municipal, desconociéndose el destino de dichos recursos.

La actual administración municipal informó a fines de 2017 a la Contraloría General de la República recursos adeudados por $2.248.200.000, provenientes de la gestión anterior, concluida en 2016. Parte de dichos recursos no había sido registrada en los sistemas de contabilidad y corresponde a diversos contratos de servicios licitados y adjudicados en 2015 y 2016 que – en la práctica– obligan al Municipio a asumir un incremento importante en su carga financiera hasta por diez años. Entre los contratos que involucran los montos más significativos se encuentra el recambio y mantención de las luminarias públicas, servicio licitado y adjudicado a Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Ltda., Itelecom.

Se trata de uno de los contratos más cuantiosos celebrados por dicha empresa con municipios de la Región Metropolitana, de acuerdo con información que se ha conocido públicamente, ya que considera la prestación del servicio por un período de diez años a partir de 2016, lo que se traduce en un monto total de más de diez mil setecientos millones de pesos.

La querella del CDE señala que Itelecom realizó su oferta subrayando el indudable ahorro en consumo eléctrico que permite el sistema de iluminación LED, dadas sus características de eficiencia energética. No obstante, si bien por concepto de consumo puede existir un ahorro de recursos, éste no es tal, dado que antes de la licitación por el servicio de mantención de las luminarias se pagaba, en promedio, $7.550.000 mensuales, monto significativamente menor a los $90.000.000 mensuales que, en promedio, se paga actualmente a la empresa Itelecom y que se traduce en un aumento del orden de 1.087%.

En suma, sostiene la acción del Consejo, “antes del contrato actual de alumbrado público, la Municipalidad pagaba aproximadamente $70.000.000 mensuales entre consumo y mantención. Ahora, con la empresa Itelecom, se pagan $135.000.000 mensuales por los mismos conceptos, puesto que, si bien el monto del consumo bajó, el costo pagado a la empresa por mantención de luminarias aumentó ostensiblemente, lo que, en definitiva, no genera ningún ahorro al Municipio”.

A ello se añade que las condiciones del contrato establecen que las luminarias son de propiedad de la empresa contratista y que, una vez concluido el servicio, esta tiene la facultad de retirarlas en un plazo no menor de 60 meses.

“El contrato celebrado por la Municipalidad de Melipilla e Itelecom no importa ahorro alguno para las arcas municipales sino que, por el contrario, significa un aumento del gasto (por concepto de mantención y consumo) de prácticamente un 100%. Tampoco constituye una inversión a corto, mediano o largo plazo, toda vez que la entidad edilicia no se hace dueña de las luminarias, las que deben ser retiradas por la empresa una vez terminado el contrato; antecedentes que dado el monto involucrado (superior a diez mil millones de pesos), permiten fundadamente sostener la existencia de un fraude, toda vez que, sin perjuicio de otras acciones que la investigación acredite, existen antecedentes para concluir la actuación de incumplimiento doloso de sus obligaciones de parte de los funcionarios públicos involucrados”.

La acción del CDE también se dirige en contra de quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos, referido a la cuantiosa deuda que no fue registrada en la contabilidad durante la anterior administración municipal, ni declarada en el acta de traspaso de gestión que, por mandato legal, el alcalde saliente debe entregar a quien lo sucede, dando cuenta, entre otros aspectos, de la situación financiera del municipio.