Este lunes se debían votar las indicaciones que permitieran avanzar con el proyecto de ley de Voto Anticipado en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

Después de muchos meses en discusión, el Ejecutivo presentó su indicación sustitutiva, sin embargo, no la acompañó con un informe presupuestario, lo que hizo que la sesión se debió suspender.

La diputada y miembro de la comisión, Catalina Pérez criticó que “no existe voluntad real por parte del Gobierno para que todas y todos puedan participar en las próximas elecciones. Llevamos meses con este proyecto y lo único que ha hecho el Ejecutivo es dilatarlo”.

La parlamentaria añadió que “hoy se niegan al voto anticipado de temporeros, de personas contagiadas con Covid-19 y privados de libertad, pero sí se muestran favorables a darle facilidades a carabineros y a militares”.

“Este Gobierno le teme a la democracia y a la participación del pueblo que pide y merece dejar de ser excluido de los procesos democráticos”, sostuvo la legisladora.

Por su parte, Natalia Subercaseaux, directora de la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, señaló que “esta falta de responsabilidad y consideración con el ejercicio de los derechos de todas y todos ya no es aceptable. No podemos seguir aceptando excusas burdas, para que más de un millón de personas queden fuera de este proceso histórico”.

La indicación del gobierno excluye del voto anticipado a más de un millón de personas que de esta forma quedarían fuera del proceso constituyente. Entre los afectados se encuentran alrededor de 14 mil personas privadas de libertad que no han perdido su derecho a voto, las personas que al 11 de abril se encuentren diagnosticadas por coronavirus y sus contactos estrechos, así como las personas en situación de dependencia que no pueden movilizarse hacia los locales de votación y sus cuidadoras.