Con cambios importantes fue aprobado y despachado de la Comisión de Gobierno Interior el proyecto que habilita el voto anticipado de electores que, por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación.

La sesión comenzó con la crítica por parte de diputados y diputadas no oficialistas por el incumplimiento del compromiso del Gobierno de entregar con anterioridad a la sesión el informe presupuestario, razón por la que la sesión estuvo a punto de suspenderse. Sin embargo, durante el debate llegó el documento y se procedió a continuar con la votación de las indicaciones del Ejecutivo y parlamentarias presentadas a la iniciativa.

En esa línea, si bien se respaldaron varias de las propuestas realizadas por el Gobierno, hubo temas en los cuales las y los parlamentarios insistieron que fueran modificados. Tal fue el caso de ampliar el plazo para la votación anticipada que, finalmente, se estableció que sería entre el decimocuarto día y el octavo día anterior a la jornada electoral.

Frente a ello, el subsecretario Máximo Pacheco señaló que se haría reserva de constitucionalidad pues, a su juicio, esto incurriría en un gasto adicional por parte del Estado. Además, criticó que no se determinara quién fijaría la fecha final para la votación anticipada.

Otra indicación parlamentaria aprobada tiene relación con ampliar quienes podrán optar por esta modalidad de votación, además de las personas embarazadas, con discapacidad e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden que ya establecía la indicación sustitutiva del Gobierno.

En la sesión, se incluyó a quienes tengan 65 años o más (anteriormente era desde los 70), a las personas que trabajen fuera del área urbana en que se encuentra emplazado su lugar de votación y quienes, por padecer una enfermedad, no puedan acudir al local de votación. Esta circunstancia deberá presentarse en el momento de la inscripción para votar anticipadamente y deberá estar debidamente acreditada por un médico.

Otro cambio aprobado en la instancia establece que, en el caso de las personas privadas de libertad, para ejercer su derecho de sufragio, el Servicio Electoral (Servel) podrá fijar normas especiales con el fin de facilitar el proceso.

Dichas normas apuntan en la dirección de conformar padrones electorales, ingresar propaganda electoral, determinar el recinto penitenciario como domicilio electoral válido, designación de internos como vocales de mesa y el apoyo de Gendarmería para el desarrollo del proceso. El Ejecutivo también hizo reserva de constitucionalidad sobre este punto.

La Comisión designó como informante en la Sala a la diputada Andrea Parra (PPD), una de las promotoras de esta iniciativa (participó en las dos mociones que le dieron origen) y también de algunas de las indicaciones aprobadas.

El proyecto será debatido esta tarde en la Comisión de Hacienda, antes de ser votado en la Sala, en la sesión del viernes 29 de enero.