El senador Alejandro Navarro (PRO) anunció que presentará un proyecto de acuerdo para solicitar la creación de una comisión bicameral que se encargue de realizar una revisión a las competencias de las Superintendencias, luego de asegurar que “son inútiles si las empresas no tienen una real fiscalización. Se necesita una nueva estructura, una superintendencia mayor para las superintendencias sectoriales”.

El parlamentario agregó que “la situación ocurrida en la Región Metropolitana, donde casi 8 millones de personas iban a quedar sin suministro de agua potable a causa de una falla operacional en una empresa privada, nos reafirma la convicción de que dichas empresas no pueden sustentarse mediante el principio de autorregulación. Debe existir un control estatal”.

En esa línea, el senador por la región del Biobío recordó que “en 2016 mientras se discutía la ley que modificaba la ley del consumidor, presenté una indicación en la comisión de Economía del Senado para que el Sernac tuviera competencias fiscalizadoras en empresas que entregan servicios básicos como electricidad, gas y agua potable. Lamentablemente el lobby fue mayor y la indicación fue rechazada por 3 votos contra 2”.

Navarro señaló que “es una aberración contra los consumidores mantener el principio de especialidad para impedir demandar a empresas de servicios básicos como Aguas Andinas, con esto se restringe la protección de los derechos de los consumidores y se privilegia el principio de la especialidad de las superintendencias, que claramente no velan por la protección de los derechos del consumidor”.

“Por ello, la institucionalidad del Estado de Chile tiene que ponerse del lado de la gente, porque el cambio climático y la inoperancia de las empresas, va a llevar a un desastre de proporciones mayores si es que no actuamos con determinación”, aseguró.

Navarro espera que “el Senado no sucumba nuevamente ante el lobby de las empresas sanitarias y apruebe el proyecto que permitirá aportar a la creación de una nueva institucionalidad, una que sea una lupa frente a estas empresas, y que entregue el poder de demandar a las comunidades afectadas”.

“Una cosa son los desastres naturales y otra muy distinta son los desastres provocados por la inoperancia de las empresas encargadas de servicios esenciales para las personas”, concluyó.