El Gobierno rechazó ayer lunes las afirmaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que aseguró que tras el ‘estallido social’ de octubre de 2019 se registraron violaciones de los Derechos Humanos “graves” en el país.

Bachelet respondió a una consulta realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que investiga una veintena de querellas contra distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La ex-mandataria aludió a una visita de una delegación de su oficina y señaló que el informe que se realizó a posteriori concluyó que “había rezones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre (de 2019) se había producido un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza”.

En este contexto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, ha señalado que en un país democrático, “quien determina” la existencia de violaciones a los Derechos Humanos no son “los ex-presidentes”, sino los tribunales.

“En nuestro país hay un orden democrático”, ha sostenido, recalcando que, por tanto, “esto está en mano de los fiscales y de los tribunales y todos aquellos ámbitos que tengan que ver con Derechos Humanos para este Gobierno son fundamentales”.

“Hay un compromiso clarísimo: nunca, jamás, se pueden justificar las violaciones de los Derechos Humanos”, ha insistido Bellolio, que ha hecho hincapié en que “este compromiso implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia y esa justicia, en un país democrático, la hacen los tribunales y no la hacen otras personas”.

El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile. Comenzaron como una movilización contra la subida del precio del transporte público, pero desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución.

El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de los Carabineros, ha sido objeto de análisis y críticas en este último año, especialmente por los posibles excesos cometidos en sus intervenciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

AgenciaUno/EP