El 26 de mayo de 2020 se aprobó la constitución de una comisión investigadora destinada a analizar los actos de los órganos de la administración del Estado encargados de fiscalizar los casinos de juego, particularmente respecto del estado de insolvencia del grupo Enjoy y el daño a finanzas regionales y municipales.

Hoy, dicho trabajo fue presentado por medio de un informe, rendido por quien fuera el presidente de la instancia, diputado Rodrigo González (PPD), el cual fue aprobado por 111 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.

En sus conclusiones, el grupo parlamentario sostuvo que “la Superintendencia de Casinos de Juego incumplió su rol fiscalizador” en variadas materias como, por ejemplo, en lo relativo a hacer valer la prohibición legal del otorgamiento, de parte de las entidades que debe supervigilar, de préstamos a los jugadores, como ocurrió en el Casino Rinconada de Los Andes.

“Respecto del otorgamiento de crédito de los jugadores, se requiere de una acción decidida de la Superintendencia de Casinos de Juego para evitar que en los casinos de juego se otorgue, por cualquier medio, crédito a los jugadores, sancionando a los operadores que faciliten esta conducta”, se afirma.

Asimismo, se sostiene en el texto que “existe una omisión evidente en el cumplimiento del rol fiscalizador que tiene la Superintendencia con las sociedades operadoras de casinos de juego, específicamente, en cumplir cabalmente con las obligaciones que les impone la Ley 19.995, en materia de fiscalización y sanciones respecto de conductas que están prohibidas en el cuerpo legal, como lo sería el funcionamiento de servicios anexos no autorizados o no permitidos en el ordenamiento jurídico vigente”.

El informe también da cuenta que “existiría una omisión flagrante en la actuación de la superintendenta de Casinos de Juego, no solo por omitir la información referida a los préstamos que realiza Enjoy Gestión Limitada, en pleno conocimiento de la Superintendencia, sino que también por validar ofertas económicas que serían inviables de cumplir”.

En la misma línea, se sostiene que existiría una omisión en el cumplimiento del rol fiscalizador que tiene la Superintendencia con las sociedades operadoras de casinos de juego y, en especial, con la investigación financiera de sus accionistas, como es el caso de Enjoy S.A.

Otro punto observado es que la propia Superintendencia reconoce -o al menos no descarta- que desde el 1 de julio de 2020 y hasta el momento en que ordenó la suspensión inmediata de funcionamiento de la plataforma “EnjoyWin”, “esta actividad operó en los referidos casinos de juego con la opción de compra de “Coins”, que es lo único que explicaría la existencia del contrato suscrito con la empresa Mercado Pago, en el que se establecía la modalidad de operación para la compra de paquetes preestablecidos de coins.

Sobre el tema, se remarca que, siendo una causal de revocación del permiso de operación, “es evidente la gravedad de la conducta desplegada por las sociedades operadoras de propiedad del grupo Enjoy, lo que tendría que haber dado lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio y, si se comprobaba que efectivamente se estuvieron desarrollando juegos de azar online, se debió hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público”.

Respecto de la falta de evaluación por el ingreso de Advent como nuevo accionista de Enjoy, el informe plantea que el hecho debiera ser investigado por la Contraloría General de la República, para determinar si el actuar del ente fiscalizador se apegó al marco normativo que rige la industria, específicamente respecto de la calificación de inversionista institucional y la posible vulneración del artículo 18 de la Ley 19.995.

Asimismo, entre otras observaciones, se refutó la procedencia de autorización de parte de la Superintendencia para la renovación de boletas de garantía por pólizas de seguro por Enjoy S.A., en el contexto del proceso de renovación de las licitaciones de los casinos municipales, aspecto que también se estima debe ser evaluado por la Contraloría.