Philipp Meissner, experto en reforma penitenciaria en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, por sus siglas en inglés), ha señalado que las estimaciones apuntan que hay más de 527.000 presos que se han infectado de COVID-19 en 122 países y que más de 3.800 han muerto en 47 de esos países.

“Los sistemas penitenciarios y los más de once millones de presos que hay en el mundo se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia”, ha lamentado Meissner con motivo del XIV Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal para debatir el impacto del COVID-19 en los entornos penitenciarios, que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Kioto.

Sin embargo, el experto advierte de que, dada la “capacidad de prueba limitada en muchas jurisdicciones y la situación en rápida evolución”, el número real de presos contagiados “puede ser mucho mayor”. “También debe reconocerse que debido a su interacción cercana y regular con los reclusos, los funcionarios de prisiones, los profesionales de la salud y otras personas que trabajan en las prisiones, también enfrentan un mayor riesgo de infección. Sin duda, las cárceles son entornos de alto riesgo de COVID-19 para quienes viven y trabajan allí”, ha insistido.

Meissner resalta que “incluso los sistemas penales con recursos relativamente buenos se enfrentan a serios desafíos para mitigar el impacto de la pandemia en las prisiones”. “Las consecuencias son particularmente graves en los sistemas penitenciarios sobrecargados por razones que incluyen la negligencia sistémica, la falta de personal y otros recursos. Eso ha llevado a condiciones carcelarias malas o insuficientes en los servicios de saneamiento, higiene y salud”, ha denunciado.

De la misma forma, ha narrado que el hacinamiento en las cárceles, que continúa afectando a “la mayoría de los países”, aumenta “exponencialmente los desafíos planteados por la COVID-19 y la viabilidad real de introducir medidas significativas de prevención y control de infecciones”.

Sobre las dificultades para combatir la pandemia en los entornos penitenciarios, el experto de la ONU advierte de que “muchas prisiones no tienen suficiente espacio, alimentación y agua potable, acceso a artículos e instalaciones sanitarias decentes, ni ventilación adecuada en el alojamiento y las áreas de trabajo”. “Además, el acceso a equipos de protección personal, termómetros infrarrojos o capacidades de prueba específicas de COVID-19 es un desafío. Estos factores son más graves dado el perfil de salud típicamente más débil de la población carcelaria, que a menudo registra mayor incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles”, indica.

En este sentido, alerta de que “la atmósfera en las cárceles se ha vuelto tensa en muchos países y se ha exacerbado por la ansiedad, el miedo y la incertidumbre entre los presos y los funcionarios de esos centros”. “Los disturbios en las cárceles y otros incidentes de seguridad en cerca de 50 países han demostrado la importancia de dar información transparente sobre la COVID-19 y, en la medida de lo posible, con la participación de los presos”, ha instado.

En cualquier caso, ha censurado que las medidas adoptadas en muchos países “han endurecido los regímenes penitenciarios”. “Por ejemplo, se han suspendido las visitas y el acceso a los programas de rehabilitación y otras actividades constructivas fuera de las zonas de alojamiento es muy restringido, si es que lo hay. No poder ver a las familias y los niños durante periodos prolongados tiene un grave impacto en la salud mental y el bienestar de los presos y agrava el sufrimiento inherente a una situación de encarcelamiento”, ha denunciado.

AgenciaUno/EP