La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ha rechazado este jueves la petición realizada por la Fiscalía de prisión preventiva contra el expresidente peruano Martín Vizcarra por los presuntos casos de soborno en su etapa como gobernador al declararla infundada.

La Fiscalía pedía 18 meses de prisión preventiva por delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio. Según el fiscal Germán Juárez, del equipo especial para el caso ‘Lava Jato’, Vizcarra habría recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua por parte de las constructoras Obrainsa e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), empresas vinculadas a la trama corrupta del caso ‘Club de la Construcción’.

Tras conocerse la decisión, Juárez ha anunciado que apelará la decisión de la Justicia.

Para rechazar la petición, la jueza ha argumentado que en el caso de Vizcarra sí que se cumple el arraigo familiar y el domiciliario, mientras que respecto al laboral, se sustenta en la actividad política como candidato para las próximas elecciones.

Por otra parte, ha señalado que el peligro de fuga planteado por la Fiscalía no puede basarse en los viajes que el expresidente hizo al extranjero, según recoge ‘El Comercio’. Así, la petición no cumplía con los requisitos necesarios según la jueza

No obstante ha impuesto otras restricciones a Vizcarra, entre ellas la prohibición de divulgar información con los medios de comunicación sobre la investigación de la Fiscalía y una caución de 100.000 soles (unos 22.500 euros).

La petición de prisión preventiva está basada en los presuntos sobornos por las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua cuando ocupaba el cargo de gobernador de esta región en 2013 y 2014. Vizcarra ya había anticipado que el pedido de prisión preventiva “no iba a prosperar” porque “no hay argumentos”.

Este mismo caso, vinculado al ‘Club de la Construcción’ — un consorcio de empresarios que, a cambio de contratos de obras públicas, hacía pagos a funcionarios–, provocó su salida de la presidencia en noviembre de 2020 y le impide salir del país por una orden judicial, informa el medio peruano RPP Noticias.

En el caso del proyecto Lomas de Ilo, Vizcarra habría recibido un pago ilícito de un millón de soles (cerca de 226.000 euros) del consorcio Obrainsa-Astaldi, según reveló ‘El Comercio’ y parte de los sobornos se habrían pagado con el alquiler de una avioneta para trasladar a un grupo de funcionarios bolivianos que viajaban entre las ciudades de Lima e Ilo para reunirse con el exmandatario, a petición de él mismo.

Respecto al Hospital Regional de Moquegua, según destapó el mismo diario, el consorcio de ICCGSA e Incot pagó 1,3 millones de soles (más de 293.000 euros).

Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, ha rechazado en diversas ocasiones las acusaciones señalando que se trataban de testimonios que intentaban “desestabilizar al país”, si bien en noviembre de 2020 la jueza Álvarez Camacho dictó la prohibición de salida del país durante 18 meses para el expresidente en relación a estos presuntos casos de corrupción.

AgenciaUno/EP