Tras escuchar las opiniones de los representantes de las distintas asociaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), en dos sesiones, la Comisión especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, aprobó la iniciativa que establece el derecho a indemnización para los funcionarios de dicho organismo, cuyas funciones serán asumidas por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el futuro Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

La iniciativa que cumple su primer trámite, ahora debe ser estudiado por la Comisión de Hacienda antes de ser remitida a la Sala para su votación, y en lo medular establece un instrumento legal que habilite la posibilidad de indemnizar a aquellos funcionarios que no puedan ser traspasados a los nuevos Servicios, de conformidad al proceso de evaluación al que serán sometidos.

Tras una serie de conversaciones, se logró establecer un texto legal y también un protocolo de acuerdo donde se fijan ciertos criterios planteados por los funcionarios.

El proyecto señala que el director nacional del Sename deberá considerar la realización de evaluaciones a los funcionarios para efectos de desempeñar los cargos en las nuevas instituciones señaladas, según se defina mediante decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, el que deberá contener las condiciones y el procedimiento a que se someterán las referidas evaluaciones.

Agrega que para la dictación de dicho decreto se considerará una instancia de participación de las asociaciones nacionales de funcionarios del Servicio Nacional de Menores y que las condiciones y el procedimiento señalados deberán garantizar la objetividad de la evaluación.

Esta evaluación no se aplicará a los funcionarios que ya fueron evaluados con motivo de la restructuración de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD).

Para acceder a la indemnización los funcionarios deberán tener un nombramiento o designación vigente por un año o más en el SENAME y el monto será equivalente a 30 días de su remuneración por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente.

Durante la discusión de la iniciativa se puso énfasis en la necesidad de que las organizaciones externas que realizan las evaluaciones cuenten con certificaciones y una trayectoria en la materia y que el proyecto acorte cualquier brecha de discrecionalidad que pueda existir.

Si bien no todas las asociaciones de trabajadores están completamente de acuerdo con la iniciativa, los parlamentarios señalaron que los cambios introducidos al proyecto es mejor que tener una regulación laxa.

En lo que respecta al protocolo, se valoró que la ponderación de la evaluación haya subido de un 35 a un 40 para lo relativo a la trayectoria de los funcionarios y haya pasado de un 65 a un 60 en lo que respecta a las evaluaciones.