Parlamentarios de diversas bancadas, encabezados por la diputada DC Joanna Pérez, ingresaron un proyecto de ley que busca garantizar para los chilenos el consumo de agua potable en situación de corte de suministro.

Según lo explicado por la parlamentaria DC, “este es un proyecto que subsana una situación que afecta a millones de personas cuando se produce el corte de suministro, asegurando el elemento vital. Esperamos, además, que pronto Chile pueda contar con un nuevo Código de Aguas que nos permita tener un marco legal como corresponde, avanzado, además, en el ámbito constitucional con lo que será nuestra nueva Carta Magna y el nuevo rayado de cancha que todos demandamos en torno al acceso a este esencial elemento, siendo un derecho humano garantizado”.

En lo medular, se establece que “se impide el corte total de suministro de agua potable, obligando a las empresas sanitarias a entregar un mínimo de 2 metros cúbicos de agua potable por persona en un domicilio, con un máximo de 6 metros cúbicos y dividida por la cantidad de días calendarios de la misma. Y, por otra parte, se permite que este consumo no restringido sea imputado al consumo del mes inmediatamente siguiente al pago de la reposición de los servicios domiciliarios totales”.

Los cálculos del agua que debe asegurarse para consumo humano responden a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, para poder cubrir necesidades vitales y esenciales.

De esta forma, explicó la diputada Pérez, “se permite que tanto el usuario afectado por una insolvencia en el pago de sus cuentas de agua y la empresa puedan conciliar sus legítimos derechos a la provisión de agua potable y el cobro de los servicios, en el marco de la legislación vigente”.

La iniciativa fue ingresada por los diputados Joanna Pérez, Gabriel Ascencio, Jorge Sabag, Daniel Verdessi, Alejandro Bernales, Marcela Hernando, Jaime Naranjo y Raúl Soto, entre otros.

Ente los fundamentos de la iniciativa, se señala la necesidad de conjugar la necesidad imperiosa para nuestro país de contar con una legislación que permita conciliar lo que significa una limitación parcial a la facultad de corte de servicios domiciliarios de agua potable, para no perjudicar a las personas con este servicio esencial ; y el derecho de las empresas sanitarias y de agua potable de perseguir el pago de las obligaciones morosas.