El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) adoptó el acuerdo de iniciar un proceso de revisión a la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, promulgada durante 2018, y abordará la posibilidad de plantear ajustes a esta norma. Así lo dio a conocer el vicepresidente ejecutivo del CRUCH y rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, al término de la sesión del jueves.

Zolezzi recordó que la ley ya tiene 3 años, pero que dos años antes se implementó la Gratuidad, “que es parte de la norma y del financiamiento del sistema”. A modo de balance, señaló que “hemos tenido algunas diferencias de cómo se ha interpretado esta ley desde la Subsecretaría de Educación Superior y, por ejemplo, en el tema de los aranceles regulados hicimos una presentación en la Contraloría General de la República”.

El vicepresidente ejecutivo del CRUCH planteó que “queremos hacer un análisis lo más apegado posible a los temas académicos sobre la Ley 21.091 y a partir de esto tomar algunas decisiones, que podrían ser pedir al Parlamento o al Ejecutivo la revisión de aspectos que se consideran difíciles de manejar”.

Respecto a qué espera el CRUCH de estas autoridades, el rector manifestó que “con el Parlamento tenemos una cercanía, nos han estado apoyando en los últimos años en materias presupuestarias y en una preocupación por la educación superior en términos de financiamiento, de desarrollo y de calidad. Y del Ejecutivo no hemos escuchado una respuesta negativa. El Ejecutivo está receptivo, esperando lo que le podamos plantear”.

El pleno también revisó un informe de la comisión económica del CRUCH, referido al impacto financiero en las universidades del CRUCH, primero por la crisis social y luego por la emergencia sanitaria por Covid-19.

El presidente de la comisión, el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, dijo que según este balance, el impacto total es de 248 mil millones de pesos “y para reflejarlo en forma simple, esto es equivalente a todo el Aporte Fiscal Directo (AFD) que hace el Mineduc a las universidades del CRUCH”.

Saavedra explicó que esta cifra considera tres aspectos: la disminución de ingresos, los mayores gastos de las universidades debido a la pandemia y también el ahorro que generó la virtualidad. Detalló que “durante el año pasado las casas de estudio vieron disminuidos sus ingresos en las áreas de pregrado, posgrado, formación continua, cooperación académica y en venta de servicios, por un total de $228 mil millones de pesos”; en tanto, a causa de la crisis sanitaria, “las instituciones debieron asumir mayores gastos en adecuación de docencia a la modalidad no presencial y en la implementación del trabajo semi presencial, lo que se tradujo en un monto total de 75 mil millones de pesos”; por último, sostuvo que si bien “la presencialidad generó nuevos gastos, pero también generó ahorro, el que se estima en casi 56 mil millones de pesos”.

La comisión Económica del CRUCH también presentó avances del diseño de un modelo propio de aranceles regulados que considera aspectos integrales que deberían considerarse en su fijación. El rector Saavedra planteó que “nos parece relevante tener una propuesta desde el Consejo que contribuya a la definición de aranceles regulados para todo el sistema”.

También se abordaron los efectos del sistema de regulación de vacantes que, según las disposiciones de la Ley de Educación Superior, será presentado en abril por el Ministerio de Educación y regirá por 5 años. “A las instituciones se nos pidió información hace poco tiempo y, por lo tanto, no puede ser un proceso totalmente participativo, que incorpore una mirada integral”, dijo el rector Saavedra.

La autoridad universitaria sostuvo que es imprescindible que la regulación de vacantes considere “un respeto irrestricto a la autonomía (de las universidades) y que esta autonomía, naturalmente sea creciente en términos de los años de acreditación de las instituciones, de manera que puedan mantener la independencia necesaria para definir los planes, las carreras y las ofertas en cada una de estas carreras”.

Por otro lado, Saavedra planteó que el sistema debe atender los elementos misionales de cada una de las instituciones “y que no esté regulado exclusivamente por un modelo prospectivo de oferta y demanda”.